El pasado martes, la Procuraduría tomó una de las decisiones con más impacto político frente al gobierno de Juan Manuel Santos. En un documento de 15 páginas abrió una investigación formal contra uno de los ministros más importantes del gabinete, Juan Fernando Cristo. El caso no tiene nada que ver con su gestión en la cartera de Interior. Sin embargo, por el momento en que se presenta ha generado mucha controversia.

Al hoy Ministro lo investiga la Procuraduría por una queja que puso en septiembre de 2013 Emiliano Leguizamón, un veedor ciudadano que acostumbra hacer denuncias sobre los acontecimientos de la vida nacional. Estos son los hechos: Manuel Sánchez, uno de los contratistas del Distrito envuelto en el carrusel de la Alcaldía de Samuel Moreno, dijo que le escuchó al secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, que la Gerencia del hospital de Suba había sido asignada a un recomendado del entonces senador Juan Fernando Cristo. El funcionario supuestamente, a cambio del nombramiento, habría hecho algunos aportes a su campaña al Congreso. 

Con base en esta información, varios órganos del Estado llegaron esta semana a conclusiones diferentes. La Corte Suprema decidió archivar la investigación. La magistrada Patricia Salazar lo hizo luego de pedir las declaraciones que había entregado Zambrano a la Fiscalía. En el marco de los procesos por el carrusel de la contratación, el exsecretario de Salud fue condenado a pagar 13 años de cárcel. Sin embargo, en ese proceso se acogió a un principio de oportunidad para disminuir su pena a cambio de entregar información sobre Iván Moreno, el hermano del entonces alcalde. La Fiscalía certificó que, en ese testimonio, Zambrano no había hablado en ningún momento de Juan Fernando Cristo, ni de los otros congresistas denunciados. 

Pero el Procurador vio las cosas en forma diferente. Con base en el testimonio de Manuel Sánchez decidió abrir formalmente una investigación disciplinaria contra el hoy ministro. El alto funcionario será citado para dar una versión libre ante el organismo de control. La Procuraduría llamará también a Zambrano y revisará todos los testimonios que él ha rendido a la justicia hasta el momento. Y lo mismo hará con los gerentes del hospital de Suba entre 2008 y 2012 y con el concejal Edward Arias, involucrado también en el carrusel.

Como sucede con frecuencia se trata de casos en que se enfrenta la palabra de uno contra la de otro. El señor Sánchez puede estar diciendo la verdad, o puede estar inventando para disminuir su pena. También puede ser uno de esos episodios burocráticos que pueden ser considerados de rutina o falta gravísima dependiendo del ojo de quien lo mire.

En términos estrictamente probatorios las cosas están más a favor del Ministro. Lo único que tiene la Procuraduría contra él es el testimonio del contratista que dice que escuchó esa versión de Zambrano y eso es lo que en derecho se denomina un testimonio de oídas, que no constituye una prueba. Pero, además, el señor Zambrano no ha declarado aún a la Procuraduría y es ahí donde se producen dos decisiones opuestas. Ha resultado curioso que en el proceso sobre el mismo tema en el Consejo de Estado, la Procuraduría había pedido su archivo en junio de 2015 porque no existía mérito para abrir una investigación. 

En el pasado, sin evidencias sólidas, este caso no habría llegado al punto donde llegó esta semana. Pero en un país polarizado, en el que los uribistas creen que los santistas son los malos y viceversa, y los órganos de control quedaron matriculados cada uno en un bando, cualquier cosa puede suceder.