¿Cómo va la recuperación de los bienes de las Farc?

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
Debate sobre los bienes de las Farc. ¿Qué implicaciones puede tener que la guerrilla no haya entregado todos sus bienes en el inventario inicial y qué acciones ha hecho la Fiscalía?

La guerrilla de las Farc entregó oficialmente en su inventario al Gobierno nacional en agosto de 2017 bienes por un total de 963 mil 241 millones de pesos, más 450 mil dólares y 267 mil 524 gramos de oro. Esto representado en dinero en efectivo, bienes inmuebles, ganado, caletas y otros ítems como “infraestructura vial”, “enseres” y “bienes confiscados a la mafia”.

Estos bienes pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, encargada de su administración y manejo, y que ha venido adelantando trabajos junto con las Farc, que ha entregado coordenadas, y las Fuerzas Armadas para su recuperación efectiva.

De acuerdo con un documento de la SAE conocido por COLPRENSA, con corte al pasado 21 de febrero, se han recuperado efectivamente de ese inventario 18 mil 330 millones de pesos. Se trata 3.292 millones de pesos (incluyendo los 450 mil dólares) y 135 mil 762 gramos de oro avaluados en 15 mil 38 millones de pesos.

Para eso se han hecho varios operativos. Uno en septiembre 22 de 2017 en Dabeiba (Antioquia) donde se recuperaron mil millones de pesos y 32 mil 525 gramos de oro (3.602 millones de pesos). Otro más de diciembre pasado en Medellín y Anorí en donde se obtuvieron 499 millones de pesos y 500 gramos de oro (55 millones).

Igualmente, otro operativo en La Macarena (Meta), del pasado 14 y 15 de febrero, en el que se obtuvieron 102 mil 737 gramos de oro (11 mil 380 millones de pesos) y los 450 mil dólares que equivalen a 1.282 millones de pesos. Asimismo, en Caño Indio (Norte de Santander), se obtuvieron el 15 de febrero pasado 500 millones de pesos. Una operación más, pensada para el pasado 21 de febrero en el norte del país, se tuvo que aplazar por motivos de seguridad y fue reprogramada para finales de mes. La idea es recuperar allí 20 mil gramos de oro por un valor de 2.215 millones de pesos.

El oro que por el momento se ha podido recuperar está en custodia de una empresa de valores y se iniciará su entrega al Banco de la República el 27 de febrero, mientras que los dineros recibidos durante el 2017 se encuentran en una cuenta especial de Bancolombia.

Este proceso hace parte del mandato legal del decreto de los bienes de las Farc y está relacionado con el inventario oficial de la guerrilla, ahora partido político, y es una tarea titánica si se tiene en cuenta que ese documento da cuenta de 698 inmuebles por 441 mil 503 millones de pesos, entre los cuales hay restaurantes, fincas, locales, cultivos y casas, entre otros, en Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Meta, Cundinamarca, Vichada, Guaviare, Caquetá, Arauca, Putumayo, Nariño, Casanare, Magdalena y La Guajira.

Pero estos bienes de las Farc son diferentes a los que la Fiscalía General de la Nación relaciona con la guerrilla y que ha incautado a presuntos testaferros. De acuerdo con la directora de la Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho del Dominio, Andrea del Pilar Malagón, desde el año pasado, ya con Acuerdo de Paz, se han incautado bienes por 1.3 billones de pesos. “Desde 2011 a la fecha han sido 5.632 bienes los afectados a la guerrilla de las Farc por valor de 2.9 billones de pesos, de los cuales el año pasado llegamos al billón 300 mil millones de pesos”, explicó.

Esta tarea de la Fiscalía, que tocó en la semana a los supermercados SuperCundi, MerkAndrea y Mercafusa, puso en evidencia dos hechos de debate nacional: no solo la continuación de los hallazgos de más bienes que al parecer serían de las Farc y que no habrían sido reportados por esa guerrilla en su inventario oficial, con las consecuencias que ello podría acarrear; sino también lo álgido del debate político que las Farc tendrán que enfrentar ahora que desmovilizadas, están empezando a hacer política.

La directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente, lo pone así: “Las Farc tienen que entender que esta es la democracia y que la realidad es que muchos colombianos no los quieren y eso es lo que se está reflejando. Ellos han cumplido con dejar las armas, pero no podían pensar que sería un jardín de rosas. Aquí en la picota pública hay muchos políticos y eso hace parte del juego político”.

Y es que los saqueos a los supermercados podrían obedecer no solo a un robo, sino también a un descontento de la ciudadanía. Eso sí, tras los saqueos, los supermercados SuperCundi y MerkAndrea, con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, fueron puestos a disposición de la SAE que anunció que trabajará para poder reabrir los establecimientos.

La SAE designó ya para su administración a dos depositarios quienes, con los empleados, tendrán que verificar el inventario de los supermercados en primer lugar, teniendo como primer objetivo mantener el empleo de los trabajadores de estos, que nada tienen que ver con las acciones de la Fiscalía.

“En relación con el pago de la nómina, SAE a través de sus depositarios adelanta las gestiones administrativas necesarias para garantizar el salario del personal correspondiente al mes vencido”, agregó la entidad.

¿Pierden beneficios?

En todo caso, no se puede perder de vista que el trabajo de la Fiscalía por ahora es una hipótesis que deberá demostrar ante los jueces y que la misma guerrilla ha pedido esclarecer, a fin de que se aclare si tienen o no relación estos Supermercados.

Ya Henry Castellanos, conocido como ‘Romaña’, negó tener relación con los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Mora Urrea, quienes según la Fiscalía se prestaron para aparecer como dueños de estos supermercados que en los años 90 eran de un empresario de Cundinamarca que fue víctima de secuestro.

De hecho, COLPRENSA estableció que entre las pruebas de la Fiscalía hay unos testimonios y documentos que dan cuenta de la comisión que habría hecho el secretariado de las Farc a los hermanos Mora Urrea para administrar esos supermercados.

No obstante, las Farc como partido político aseguraron que el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, adelanta un espectáculo que busca entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz, como una maniobra “mediática” e “irresponsable”.

E Iván Márquez, cabeza de lista al Senado, aseguró dos cosas en una entrevista: que la Fiscalía debe esclarecer estos hechos y cómo obtuvo las pruebas que está presentando; y que cuando se fijó el inventario y el fiscal Martínez dijo haber descubierto bienes adicionales por 1.5 billones, le pidieron que les explicara cuáles eran para agregarlos al inventario.

“Si aparecen dineros que no conocíamos que existían pues simplemente se recogen y se colocan en la lista para que ese dinero vaya a beneficiar a las víctimas del conflicto y para que sirva a la reincorporación de los combatientes”, aseguró Márquez.

Esta postura de Márquez podría dar a entender que para las Farc basta con que lo nuevo incautado pase al inventario, mientras que para otros sectores el tema no es tan sencillo y podría ser incumplimiento de lo acordado en La Habana.

El representante a la Cámara, Hernán Penagos, por ejemplo, resaltó cómo la Corte Constitucional condicionó los beneficios del acuerdo al cumplimiento de varios requisitos como decir la verdad.

“Si la guerrilla de las Farc omitió esa obligación y se prueba que no solo son testaferros de las Farc sino que hay cabecillas que siguen usufructuando esos bienes o que omitieron intencionalmente la denuncia de los testaferros, entonces están en varios líos y pueden perder todo el trato especial e, inclusive, podrían ser extraditados si se trata de bienes objeto del narcotráfico”, dijo.

Pero ¿Quién determina si hubo incumplimiento de las Farc a lo acordado si la Jurisdicción Especial para la Paz no ha entrado en funcionamiento propiamente? Para Penagos la Fiscalía puede actuar en este momento y no la JEP, “porque estamos hablando de delitos que se están cometiendo en este momento”.

Se trata de un presunto lavado de activos o un enriquecimiento ilícito, que serían hechos nuevos cometidos después del 1 de diciembre del año 2017. “Todo delito cometido después de esa fecha ya no es competencia de la JEP sino de la Fiscalía, es decir la justicia ordinaria”, agregó Penagos.

El exfiscal General, Guillermo Mendoza Diago, reiteró que la entrega de bienes era un requisito, por lo que claramente su ocultamiento sería un incumplimiento que implica que es la justicia ordinaria la encargada de investigar lo relacionado a bienes no declarados: “Si no están descubriendo todo lo que se comprometieron a descubrir, estarían incumpliendo los acuerdos. Lo que pasa es que hechos que no están comprendidos por la JEP, lo que se salga de ese contexto, queda en manos de la justicia ordinaria. Luego sí vendría la discusión si realmente se dan los requisitos para ir a la JEP”, señaló.

Ahora, entre tanto se define esta situación, la Fiscalía deberá continuar con la investigación y aclarar realmente si fue un ocultamiento de bienes o no, cómo fueron las relaciones de los testaferros con los jefes guerrilleros y si estos están mintiéndole al país cuando niegan conocer a las personas detenidas como los dueños de los supermercados.

“Uno puede tener muchas hipótesis, que el supermercado era un lavadero de las Farc, pero ¿Lo sigue siendo? No lo sabemos. Diferenciar si era un lavadero o una fachada. Lo que hay son hipótesis de trabajo que tiene la Fiscalía y que le dieron para ir a capturar a unas personas. El Fiscal tiene unas pruebas y debe llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias”, señaló una fuente a COLPRENSA.

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