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La crisis por el agua en Ibagué, una ciudad capital con algo más de 500 mil habitantes, está tal vez en su etapa más cruda por la constante intermitencia en el servicio y el inconformismo ciudadano ante la imposibilidad de realizar labores tan simples y cotidianas como lavar la loza o ducharse. Por las tuberías en varios días no sale una sola gota de agua.
La protesta, el bloqueo de vías y las arengas son recurrentes en las últimas semanas, los ciudadanos tienen sed y le piden a la Alcaldía de Andrés Hurtado que tome acciones en lugares en donde los contratiempos con la captación del recurso jamás existieron, pero también en las zonas donde se construyó vivienda nueva sin garantizar el recurso vital.
En medio del SOS ciudadano la empresa Ibal, encargada del acueducto y alcantarillado de la ciudad asegura que acompaña a sus usuarios y que analiza eventuales soluciones, la que más se escucha, pero también la más incierta está en la culminación del Acueducto Complementario, entretanto la comunidad sigue sin agua y esclavos de recipientes para tener algo del recurso.
El auge de la construcción sin agua
Las afectaciones por el suministro según el alcalde Andrés Hurtado se derivan del crecimiento descontrolado de Ibagué, la capital del Tolima tiene las mismas fuentes de agua y la misma infraestructura en cuanto a las bocatomas y plantas de tratamiento hace varios años, mientras que la construcción de vivienda está ‘disparada’ en las denominadas zonas de expansión que se regularon a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Por lo mismo el burgomaestre se ha dedicado a responsabilizar al gobierno del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo del caos en materia de agua que atraviesa la ciudad, pues asegura que entregó disponibilidad del recurso cuando no lo había. A esto se le suma que muchos planes de vivienda están condicionados a un proyecto que ni en la anterior, ni en la actual administración se logra poner en marcha.
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“Se otorgaron 45 mil disponibilidades en el gobierno anterior, para una ciudad de otros 200 mil habitantes, fue una cosa irresponsable con los ciudadanos. Tenemos las mismas fuentes de hace 100 años; la fuente del río Combeima donde tenemos 1.200 litros por segundo; 500 en Cay y 70 litros por segundo en Chembe. Nosotros hemos manifestado la irresponsabilidad de quienes sucedimos en el gobierno por esta situación, máxime en los sitios que están en los extremos de la ciudad, las comunas Siete, Ocho y Nueve”, dijo Hurtado hace un mes en diálogo con la W Radio.
¿Falta de operación?
En medio de las quejas ciudadanas también se ha puesto en entredicho la operación de la empresa de acueducto y alcantarillado quien desde que arrancó el gobierno de Andrés Hurtado ha tenido cuatro gerentes; Juan Carlos Núñez, Sandra Liliana García, Rodrigo Herrera y Erika Palma.
Hace unos días frente a la operación de la empresa en la emisora Ecos del Combeima, el exgerente del Ibal, Alberto Girón se refirió a lo que acontece en la ciudad y señaló que para manejar el servicio de agua para ese entonces, se hizo un plan estratégico de gerencia corporativa con un sistema de alertas tempranas sobre los afluentes para que el cierre de las bocatomas fuera la última medida a adoptar.
El excandidato a la Alcaldía indicó que mantener los tanques en buenos niveles que se regulan a través del centro de mando y control, también mitigaron la falta de agua de ese entonces.
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“La problemática que tiene Ibagué es la pésima operación del sistema de acueducto, si se hace el cálculo de la cantidad de agua que se necesita para atender cerca de 600 mil habitantes no supera los 1.900 litros por segundo, la sola bocatoma Combeima puede captar 1.600, Cay capta 600 y Chembe 70, si suma eso da 2.370 litros por segundo y la ciudad necesita 1.900, quiere decir que hay suficiente agua para la ciudad. Falta que terminen el Acueducto Complementario, que se ejecuten 1.200 metros y permitirá que cuando el río Combeima se crezca sea una fuente alterna que suministre agua a la ciudad. Agua hay suficiente, ¿cómo logramos que hubiera líquido permanente?, con un control de operación muy estricto, trabajando 24 horas al día en turnos eficientes y con gerentes capacitados”, dijo el exgerente en el medio radial.
En ese sentido, esta redacción consultó la problemática del agua con otro exgerente del ente descentralizado, el profesional Alfredo Bocanegra, quien dijo: “lamento las falencias que está padeciendo la ciudad en un elemento que es vital para la subsistencia de los ibaguereños como es el agua, además del perjuicio que se está causando en materia reputacional y comercial como atractivo turístico y de vivienda por la deficiencia en la operación del servicio de agua potable, continua y de calidad. Esto no puede ser un tema de todas las alcaldías requerir recursos a la Nación que después no aparecen invertidos, hay que apelar al liderazgo local, resolver nuestros problemas y dar la cara”, dijo Bocanegra.
Por tanto aseveró, “la obligación de la empresa es suministrar servicio de agua potable, es decir tratada, las 24 horas y siete días a la semana, que estén en operación los diferentes distritos hidráulicos. Ibagué no debería y no tiene problemas de abastecimiento en sus fuentes, no tiene una, sino cerca de cinco o seis fuentes que podrían ser aprovechadas, son problemas de operación y ahí es donde los ibaguereños deben demandar una respuesta local, no pueden salir ahora a decir que deben esperar a que el Gobierno nacional nos dé plata, aquí pagamos tarifas y el Estado paga subsidios para estratos Uno, Dos y Tres, lo que quiere decir que dependiendo de una buena Administración deberíamos tener una buena operación”, concluyó el exgerente.
DATO
Según la Contraloría de los 18 planes parciales adoptados en los últimos años solo uno tenía las condiciones para recibir viabilidad y disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado.
La veeduría Agua para Ibagué (Vapi) ha alertado también de la situación y el riesgo a la salud pública que se puede generar, sin que hasta ahora los órganos de control y la Superintendencia de Servicios Públicos tomen cartas en el asunto por el drama que enfrentan a diario miles de familias.
“Con el silencio cómplice de los organismos de control y aprovechándose del desconocimiento de la ciudadanía en general, el Ibal ha entregado disponibilidades de agua y de alcantarillado a diestra y siniestra, sin contar con una gota más de agua para alimentar los desbordados apetitos de dueños de tierras y de constructoras, que con esas decisiones han amasado fantásticas fortunas, lo cual no sería objeto de reproche si no fuera porque esos negocios se han realizado y se siguen realizando hincados sobre la desgracia de toda la ciudad y financiados con los dineros de los más necesitados. Casos como los de Arboleda del Campestre, Altos de Miramar y, en un sentido muy similar, aunque diferente, el de Alminar Samoa, entre otros varios, ilustran a la perfección, estos mal habidos negocios”, expuso Vapi.
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Planes parciales sin factibilidad
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), también dejó expuestas las irregularidades que se han registrado en la ciudad y que sin duda acrecientan la problemática del agua, pues muchos de los planes parciales, según el ente de control, no tienen factibilidad sanitaria, es decir, no tienen servicio de alcantarillado y no hay disponibilidad de servicios públicos. Muchos como bien se ha dicho siguen condicionados a la culminación de las obras del Acueducto Complementario.
Según expone la CGR: “La factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado es el documento que incorpora las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permitirán, en el marco de un plan parcial, ejecutar la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, es así que solo cuando se cumplan con las condiciones, los prestadores de servicios públicos pueden expedir la disponibilidad que se hace en el trámite de licencias de urbanización.
En información remitida por la Secretaría de Planeación a la CGR, el ente de control hizo un balance para constatar cómo se han adoptado los planes parciales en la ciudad antes y después de ponerse en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Según se constató, antes del POT, se adoptaron once planes parciales; los primeros ocho, Ciudad Comfenalco, El Recreo, Arrolima, La Palma, La Argelia, Varsovia, Nazareth y Lagos de Oriente -posteriormente se derogó el decreto que adoptó este último-, “fueron tramitados sin contar con el requisito legal de factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado”, reza el informe.
Las alternativas
En medio de los contratiempos y quejas ciudadanas, la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal ha mencionado posibles alternativas para captar el recurso con medidas a mediano y largo plazo, esto con la intención de no valerse solo de la construcción del Acueducto Complementario.
Hace unos meses ante habitantes de la comuna Siete y luego de que se hiciera uno de los usuales bloqueos, la gerente del Ibal Erika Palma puso sobre la mesa la posibilidad de captar aguas subterráneas, proyecto que se podría poner a andar según sus cuentas en unos tres meses, siempre y cuando se tenga autorización de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima).
“Con una extracción de agua subterránea podemos garantizar que la planta esté en funcionamiento y se nos garantice la continuidad, hoy es algo rápido lo que hicimos en la empresa, pero ustedes saben que sacar un proceso licitatorio no es en ocho días, es un proceso de más de un mes. Hoy ya está la persona, la empresa haciendo ese barrido del estudio para buscar esas coordenadas y ver donde nos arroja que podemos hacer esa perforación para rápidamente poder avanzar”, indicó Palma en su momento ante la ciudadanía inconforme.
Otra solución, está planteada para la comuna Nueve, particularmente para el sector de la Arboleda del Campestre, en donde la Alcaldía espera que la Constructora Bolívar entregue una planta de tratamiento de agua potable que tiene en su poder con capacidad de 20 litros por segundo. Según reseñó el mismo mandatario local, en un mes daría solución a los casi 12 mil habitantes que acoge este sector.
Sin embargo, la entrega de esta planta viene condicionada a la recepción de una planta de tratamiento de agua residual (Ptar), misma que Hurtado señaló no puede recibir porque no cumple las exigencias de la autoridad ambiental, que entre varias cosas exige que la misma esté ubicada en zona rural.
La constructora ha dejado claro que desde el 2020 viene gestionando la entrega de ambas plantas para que el Municipio las administre.
En medio de los diferentes anuncios, el Ibal también inició un proceso de consultoría por $369 millones con la intención de que se pueda utilizar la quebrada Corazón como posible afluente de abastecimiento y supla el servicio cuando la turbiedad del río Combeima supere los niveles permitidos para su tratamiento.
Es que según se reseña en los estudios de necesidad de la consultoría, la combinación de las fuentes alternas Cay, Corazón, La Plata y Las Perlas alcanzan a cubrir la demanda de líquido que requiere la ciudad.
Asimismo, en la lista de acciones previstas, está la ejecución de la sectorización hidráulica con lo que se pretende recuperar el índice de agua no contabilizada que es superior al 52 %. Según el Ibal, se inició con los distritos hidráulicos que mayor afectación tienen; distrito Dos, Cinco, Cinco A y Cuatro. Actualmente hay un contrato en marcha por $3.185 millones.
Otra alternativa planteada, busca continuar con las fases del Acueducto Complementario y suplir la conexión al denominado e inconcluso ‘Tanque de La Fiscalía’.
Ante los pleitos judiciales que envuelven la construcción de dicho tanque, paso obligado para surtir del recurso a la zona de expansión, el Municipio ya ha dejado claro su intención de mandar una línea expresa desde el tanque Sur hasta la zona Industrial, en el Papayo. Esta sería una línea de 7.5 kilómetros con tubería de 20 pulgadas.
La intención de la Administración local es que por plusvalía los constructores de los proyectos de vivienda, quienes también sienten el impacto por la falta de agua, sean quienes se encarguen del desarrollo de dicha línea, para ello se hizo la modificación ante el Concejo de Ibagué del Acuerdo 002 del 2014 y permite que se celebren acuerdos de pago para celebrar contratos de fiducia en beneficio de los entes territoriales en la ejecución de obras de infraestructura vial, servicios públicos, entre otros.
DATO
La promesa de tener agua potable de forma continua para muchas zonas está condicionada a la terminación del Acueducto Complementario.
Los tres restantes; Calle 19, La Samaria y el Rincón del Recreo fueron viabilizados y adoptados con factibilidades emitidas por el Ibal y presentadas por la Secretaría de Planeación de su momento como disponibilidades; de estas las dos últimas están soportadas en la puesta en marcha del Acueducto Complementario.
De forma posterior a la entrada del POT en el 2014, la Secretaría de Planeación viabilizó otros siete planes parciales; El Canelo, Santa Cruz I, Santa Cruz II, El Zorro, Urbana, Corinto y Cañas Gordas. Según reseña la Contraloría seis de ellos se soportaron en factibilidades también emitidas por el Ibal pero todas condicionadas al igual que hace varios años al proyecto del Acueducto Complementario, el último, Cañas Gordas, aún no es adoptado y no cuenta con factibilidad de servicios públicos.
Asimismo, refiere la entidad que El Canelo, Santa Cruz II y El Zorro, “no cuentan con factibilidad sanitaria, lo cual se debe entender literalmente, que no existe prestador de servicio de alcantarillado que tan solo considere la posibilidad de eventualmente proveer dicho servicio público, y por lo tanto, no existe posibilidad alguna de cumplir el mandato legal de contar con esa factibilidad para continuar con el trámite de adopción de esos planes parciales”, dijo la CGR.
Así las cosas, refiere el ente de control que de los 18 planes parciales adoptados solo el de Calle 19 cuenta con las condiciones para haber recibido viabilidades y disponibilidades de servicios de acueducto y alcantarillado y permitían seguir con el trámite de licencias de urbanismo y construcción; pese a ello está claro que varios de los proyectos en los planes parciales están desarrollados, habitados y continúan en construcción.
“Estos desarrollos urbanísticos, están demandando unos volúmenes de agua potable inexistentes, que son suplidos parcial o esporádicamente, mediante la suspensión temporal del servicio a usuarios tradicionales de las redes del acueducto de la ciudad”, advirtió la Contraloría.
La CGR señaló que la puesta en marcha de estos planes parciales sin factibilidades y sujetos a eventuales construcciones de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) o inexistentes proyectos de inversión, es equivalente a la expedición de licencias de urbanismo y construcción en proyectos que no tienen servicio de acueducto que terminan soportados en “medidas tan heroicas como irregulares e ilegales, como el suministro de agua para consumo humano, procedente de pozos profundos, sin ninguna garantía de respeto a la salud pública y la presumible explosión de prestadores del servicio”.
También, reseñó que hay posibilidades de que la mayoría de planes parciales, al menos los que están en zonas como El Salado, Picaleña, Parque Deportivo y Aeropuerto puedan ser cubiertas hidráulicamente en un futuro por la expansión de redes del Ibal, pero lo mismo no ocurriría con el plan parcial de La Argelia (sector Ambalá), donde no se podría ampliar el perímetro hidrosanitario de la empresa, o el de La Palma (sector El Vergel) que tendría serios problemas de ingeniería.
En el mismo sentido el ente de control mencionó a los proyectos que se construyen en el sur de la ciudad como; Altos de Miramar, Lotus, Colinas de Calamar y Mirador de San Fernando, mismos que si bien no hacen parte de planes parciales, se licenciaron con disponibilidades entregadas por el Ibal pese a que en esa zona no hay perímetro hidrosanitaria, tal y como lo dice el POT, en ese caso todos también quedarán pendientes del anhelado Acueducto Complementario, toda vez que la línea de conducción atraviesa este punto.
Acueducto Complementario: la promesa sin cumplir
Hablar de agua en Ibagué, implica que se hable del Acueducto Complementario, su anhelada culminación ha sido el caballo de batalla de todas -sin excepción- las administraciones de turno por más de 20 años, más aún cuando es la alternativa que promete resolver el problema de agua de los ibaguereños con la captación de 1.009 litros por segundo del río Cocora como fuente alterna a las ya existentes; Combeima, Cay y Chembe.
La inversión tampoco ha sido mínima, se han ejecutado millonarios contratos que parecen caer en ‘saco roto’ y no logran un avance significativo en las cinco fases que se planificaron.
En diciembre del 2021, el Ibal indicó que la culminación del proyecto con todas sus fases le costaría al Ibal $94.081 millones, aunque en otros escenarios incluso se habla de que la cifra alcanza los $97 mil millones.
Por ahora está pendiente que se mejore la bocatoma Cocora, que se construyó en 1998 y requiere alrededor de $3.534 millones.
La fase Uno se terminó en la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pero quedó en ejecución la segunda fase en dos etapas con millonarios contratos andando, los mismos con varias prórrogas y adición de recursos. En la etapa Uno el contrato que se suscribió por $27.442 millones terminó costando $42.822 millones y en la segunda etapa el contrato de $12.487 millones pasó a $16.819 millones.
Pese a ello con la llegada de Andrés Hurtado se determinó que el proyecto no era funcional con dicha inyección de recursos y se requerían otros $25.340 millones en las dos fases, para garantizar que el agua de la bocatoma Cocora se transporte por la línea de aducción de 20 mil metros lineales hasta la planta de La Pola.
Para ello, la Alcaldía ya inició un trámite contractual por $22.646 millones; sin embargo, el proceso tanto como por licitación pública, como por selección abreviada de menor cuantía se ha declarado desierto en dos oportunidades, la última quedó fijada bajo una resolución del 8 de julio de este año, lo que retrasa aún más los planes de proveer del recurso a la capital tolimense.
En lo proyectado por el Ibal, en su fase Tres se requieren $20.500 millones distribuidos en dos fases; una para el sistema de abastecimiento de Boquerón y otra para interconectar los acueductos comunitarios del sur de la ciudad.
La fase Cuatro estima la necesidad de recursos por $30.175 millones y comprende la conexión a la futura zona de expansión, este sugiere la conexión al tanque Fiscalía que actualmente está en un lío jurídico; sin embargo, el gobierno local ya busca otras alternativas.
Una eventual fase Cinco, la cual daría cierre al proyecto, sugiere una inversión de $15.385 millones y comprende la ampliación del tanque Alsacia e interconectar el tanque Ambalá con el de Santa Ana que además debe construirse.
Los hierros del ‘elefante blanco’
En octubre, el contrato 2511 que tuvo como objeto la contratación de las obras para el sistema de abastecimiento de agua potable de la futura zona de expansión de Ibagué, la Etapa I, completa siete años desde que se firmó su acta de inicio, pero su ejecución sigue en ‘veremos’. El trámite está en medio de un litigio jurídico que parece que no se mueve, ambas partes, el Municipio y el entonces contratista, el consorcio Atria, exigen millonarios recursos para resarcir las afectaciones mientras se endilgan responsabilidades en la no realización del proyecto.
Entretanto, en mayo del 2021 se dio a conocer el robo de hierros de la estructura, que está carcomida por el óxido, además se conoció que las partes del tanque de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos sigue en una bodega del centro empresarial Oikos en la vía Ibagué - Buenos Aires.
DATO
$94 mil millones necesita el Ibal para dejar andando el Acueducto Complementario.
Lea el resto del especial sobre el agua en Ibagué acá:
Sectores edificador, inmobiliario y comercial están intranquilos
Dignidad, derechos y las ‘aristas’ sociales de la crisis del agua
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