Afectados por proyectos de vivienda sin agua siguen esperando soluciones

Crédito: Suministrada / EL NUEVO DÍA La discusión por la falta de agua en varios hogares llegó a la duma departamental.
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Ante la Asamblea departamental y por una citación convocada por la bancada de oposición, varios ciudadanos relataron una vez más, el sufrimiento y los contratiempos que vienen padeciendo en diferentes proyectos de vivienda en la ciudad por cuenta de la insuficiencia en el suministro de agua.
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Proyectos como la Arboleda del Campestre, en la comuna Nueve; Altos de Miramar en la comuna 13 y el ya conocido Alminar Samoa en la comuna Seis volvieron a resonar en la duma, pues los ciudadanos aseguran que pese a las denuncias aún no ven soluciones reales en está problemática.

Flor María Vega, residente del conjunto residencial Altos de Miramar, "el conjunto tiene aproximadamente cinco años de haberse habitado y desde que residimos allí no hemos evidenciado más que problemas, el fundamental el del agua", dijo.

La mujer reseñó que en el conjunto existe un pozo acuífero del que se surte a los habitantes, al que en agosto de 2019 se le negó la concesión de agua y que se ratificó en diciembre de ese mismo año luego de que se intentara apelar la decisión, "estamos tomando agua ilegal y dónde están las autoridades", denunció Vega quien reseña que el agua de dicho pozo no es apta para el consumo humano según refiere el Irca. 

Magally Leyton, habitante de la urbanización Alminar Samoa relató también lo que ocurre en este proyecto cuyo problema radica desde la expedición misma del licenciamiento de construcción y hoy tiene a la comunidad, según dicen, sin habitar una vivienda digna como lo dispone la ley, es decir, con la prestación del servicio de agua de calidad y sin interrupciones. 

Ahora lo que se espera es que se cumpla la promesa del alcalde Andrés Hurtado, la cual pretende que se conecte una tubería de seis pulgadas en 2 kilómetros entre el tanque Ambalá y el conjunto residencial, que ahora podría denominarse urbanización.

"Pedimos una intervención para que esto no siga sucediendo. Qué pasa con (la Secretaría de) Planeación, Cortolima, con las curadurías, con las notarías, que continúan dando licencias de construcción para que sigan estafando a las personas que buscan cumplir un sueño de tener vivienda propia. Lo que compramos no es un sueño, es una pesadilla", dijo Leyton. 

Rubén Fajardo, habitante de la Arboleda del Campestre, insistió en lo dicho por Magally, "es una pesadilla porque no tenemos el mínimo de los derechos que es el agua, durante meses padecimos la escasez de agua y nos enseñaron a vivir con un mínimo de dos horas en la mañana y otras dos en la tarde, con gente que no tiene la posibilidad de irse a otro lado porque son sus ahorros de toda la vida", denunció. 

 

Diputados preguntan por entes de control

Luego de las denuncias, el diputado Renzo García acotó, "lo que nos mostraron los veedores es que nos están engañando porque muchos apartamentos, sus viviendas, no tienen servicios públicos domiciliarios, eso es ilegal y por eso la pregunto, dónde están los órganos de control de este departamento, municipio y país (...)", reseñó, alegando que el Estado no cumple, cuando este debe ser garante. 

A su vez, el asambleísta Carlos Reyes, indicó, "En todo esto hay responsables, están los responsables del Estado, los alcaldes que en su momento aprobaron esto sin tener la disponibilidad real como lo describe la ley, los funcionarios de planeación, los curadores urbanos, cómo es que un curador aprueba un proyecto de vivienda con un 'papelito' (...) qué está pasando, qué están tapando en esta ciudad (...) todo lo que vemos es el cuerpo del delito, cada proyecto de vivienda es el cuerpo del delito, fueron aprobados ilegalmente, ejecutados ilegalmente y ninguna autoridad dijo nada, dejaron que a la gente se le estafara y se burlara su sueño de tener casa propia".

Marco Emilio Hincapie, por su parte, hizo mención al acueducto complementario e indicó que la actual Alcaldía no ha podido terminar 800 metros para culminar una fase del Acueducto Complementario, que quedó pendiente del gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, que según sus cuentas costaba $3.500 millones y que por el contrario terminó adjudicando un nuevo contrato por $24 mil millones con la misma finalidad.

En ese sentido comparó los problemas de agua que hoy tiene la ciudad, con los del anterior Gobierno, en donde fue secretario de despacho, y reseñó que para ese entonces no habían tantas quejas porque el recurso era gerenciado. 

"Si se solucionan esos 800 metros y se construye por fin el tanque de la Fiscalía, quedan solucionados en un 90 % los problemas de acueducto que está teniendo la ciudad", dijo Hincapie. 

 

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Credito
REDACCIÓN IBAGUÉ

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