En el auditorio Los Ocobos de la Universidad del Tolima, se llevó a cabo la audiencia pública sobre vivienda popular y agua potable, la cual fue convocada por la representante a la Cámara, Martha Alfonso, en compañía del diputado Renzo García y el concejal Jaime Tocora. 

Al acto asistieron también diferentes representantes del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, Procuraduría Ambiental (Tolima), Cortolima, Superintendencia de Servicios Públicos, veedurías y organizaciones ciudadanas.

La convocatoria, centrada en la discusión del estado actual de los servicios públicos en la ciudad, tuvo como ‘norte’ el revelar a las autoridades competentes las diferentes circunstancias que giran alrededor del debate, entre las cuales se achacan la falta de garantía en el suministro en varias comunas, la expedición de disponibilidades hidrosanitarias en la zona de expansión, y la calidad del agua potable que llega a algunos hogares. 

Planteamientos de la sociedad civil

Con un aforo aproximado a las 200 personas, en su mayoría líderes en sus barrios y comunas, la ciudadanía asistente llegó para aportar denuncias en la audiencia pública, en relación con el servicio de agua potable, sus condiciones y las garantías en sus viviendas. 

Durante los últimos años, las intermitencias en el servicio de agua potable, aunado a las pérdidas de agua en el municipio y las dificultades con la red de alcantarillado, han hecho proclive la creación de veedurías y consorcios ciudadanos que, ante la ausente respuesta de la Administración municipal y la empresa Ibal, encuentran en la acción colectiva una forma de mitigar los ‘impasses’ con el agua. 

Lisbeth Villanueva, habitantes de la comuna Seis, representa a los habitantes que se abastecen del acueducto El Triunfo. “Al tomarse el tema del agua, se debe examinar con ‘lupa’ el tema del alcantarillado. Estas disponibilidades hidrosanitarias, que entre otras cosas no todos los acueductos comunitarios las han otorgado, satisfacen necesidades básicas que el municipio no ha logrado suplir”. 

Y añadió: “En mi comuna noto cómo el alcantarillado es una infraestructura a retazos. No hay vías, vemos las heces bajar por nuestras calles y se siguen otorgando esas disponibilidades. Se deben hacer correctivos, ya hay trámites en los entes de control para el manejo de esos temas”. 

Giovanni Bonilla, habitante de la comuna Nueve, dijo que la comunidad se ha manifestado en varias ocasiones para que las entidades competentes tomen acciones sobre las dificultades en el suministro de agua potable. 

“La prueba la tienen los medios de comunicación, algo ‘huele mal’ en la comuna. La comunidad ha tenido que exigir su derecho al servicio y el Ibal responde que se garantizará el servicio contínuo desde las manifestaciones del año pasado. Vamos para junio y no pasa nada”, apuntó el líder comunal.

Rubén Fajardo, en representación de la comunidad del Conjunto Residencial Arboleda Campestre (Crac), indicó que en la comunidad “existe impotencia, dada la negligencia, indiferencia y hasta cinismo de estas entidades. Da la impresión de que están trabajando en alianza con los entes de control y los prestadores del servicio”. 

“De acuerdo con la resolución 600 del 9 de junio de 2016 de Cortolima, establece que existen objetivos de calidad en el caso de los cuerpos hídricos del río Combeima, dice que en el tramo Mártires-Totumo, el agua es de uso agrícola, la misma que se concesionó y ahora suministra al Crac, ¿porqué no se realizaron los exámenes de parámetros especiales?”, acotó el líder del Crac.

Magaly Leitón, habitante del conjunto Alminar Samoa y miembro de la Red de Veedurías por el Agua de Ibagué, indicó que las intermitencias del agua afectan a 3.840 habitantes y que, a pesar de diferentes acciones jurídicas, el problema no ha sido atendido con celeridad.

“El problema nació de una irregularidad en el licenciamiento hidrosanitario del perímetro urbano y su relación con los planes parciales. La JAC del barrio El Triunfo, veredal y sin reconocimiento por la Superintendencia de Servicios Públicos, fue quien concedió la disponibilidad a la constructora para empezar con el megaproyecto. El del servicio de alcantarillado fue otorgado por el Acueducto de Ambalá, sin tener un perímetro y con carencia de redes. Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, la 476 del 2016, que establece que debemos tener agua potable, salud y derecho a la vivienda digna, en una orden directa a la Alcaldía de Ibagué y a la JAC, dentro del plazo de 4 meses y medio. Esta es la hora, tres años, y no se ha cumplido. Son ocho desacatos y seguimos igual”, argumentó Leitón.

Antonio Melo Salazar, exgerente y miembro fundador de EL NUEVO DÍA, habló sobre sus vivencias en el sector de Calambeo, donde cuestionó el manejo de aguas servidas y los permisos de construcción que han sido expedidos sobre la zona. 

“Es gente a la que la están engañando, le están coartando sus posibilidades en el futuro, pero eso no le importa a quienes tienen lucro. Alguien decía en la autoridad local que, el único documento que se necesitaba para obtener las licencias era un cheque”, expresó Melo Salazar.

Postura de los entes de control

Conforme pasaron las inquietudes ciudadanas, las autoridades competentes también tuvieron su tiempo de participación. Desde Cortolima, frente a las diferentes disposiciones, aseguraron que se han adelantado acciones administrativas desde la autoridad ambiental. 

Andrés Rodríguez, subdirector de Administración de Recursos Naturales, refirió que es competencia de la Administración municipal gestionar los acueductos comunitarios, además de estar pendientes de la prestación del servicio y el manejo de vertimientos. 

“El agua que está concesionada es suficiente. Si se pierde más del 50 % del agua, según los informes de los entes que regulan, ahí sí es muy difícil, no habrá agua que alcance. Las cuencas hídricas han disminuído sus caudales”, apuntó.

Fernanda Díaz, delegada de Superservicios, refirió que en el caso de Altos de Miramar, la superintendencia sancionó al acueducto comunitario El Recreo debido a las irregularidades en la prestación del servicio. En el caso de Alminar Samoa, en febrero del 2022, iniciaron una investigación contra el acueducto El Triunfo. Y respecto a la Arboleda Campestre, añadió que la Superintendencia está realizando seguimiento al Ibal a través de mesas de trabajo, además de la remisión de informes semestrales por parte de la empresa.

“Si se encuentran méritos para tomar acciones de control, se harán las acciones respectivas. Se está en la etapa de revisión en la mayoría de casos para determinar cuáles serían los posibles incumplimientos”, refirió la delegada de Superservicios. 

En relación al Ministerio de Vivienda, el delegado de la cartera indicó que existen preocupaciones respecto al Índice de Riesgo de Calidad del Agua (Irca) en cuanto a varios municipios de la región, en donde Villarrica es el más afectado en la calidad del agua potable. En cuanto a los reportes de Ibagué, indicó que estos no se reciben desde el 2021. 

El concejal Jaime Tocora compartió investigaciones sobre los convenios entre las constructoras y la Administración municipal para entregar licencias de construcción en lugares que no tienen agua. 

A su vez, el diputado Renzo García cuestionó al Gobierno local por los racionamientos permanentes de agua y por la entrega de licencias de construcción a más de 120 mil unidades habitacionales que no cuentan con garantías y tampoco con planeación hidrosanitaria.

En tónica de denuncia, también se pronunciaron la contralora Delegada para Asuntos Ambientales, la delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos y la delegada para asuntos de Agua y Saneamiento básico del Ministerio de Salud.

El delegado de la Procuraduría Ambiental, Daniel Rubio, invitó a las autoridades competentes a organizar de manera efectiva las rutas necesarias para dar soluciones reales y concretas a las comunidades afectadas por la falta de agua potable y alcantarillado en las comunas de Ibagué. Incluso, manifestó que dentro de sus revisiones al tema en el municipio, encontró a una comunidad que le mostró un vaso de agua “color chocolate”.

Además, el funcionario destacó que el Ibal concesionó 3.309 litros de agua por segundo y enfatizó nuevamente en las pérdidas de agua potable en el perímetro urbano. “Si la situación en materia de servicios públicos en Ibagué fuera buena, la gente no sabría tanto del tema. Si a mí me llega correctamente el agua, no me intereso por aprender la norma ni la ley. Frente a un problema estructural, se necesitan soluciones estructurales. Si la red de distribución de agua potable es obsoleta, pues no habrá agua que alcance”, acotó.

Y apostilló: “Se atenta contra la integridad humana de familias que invierten sus recursos en viviendas sin agua potable. La gente está cansada del diagnóstico. Esta es la única ciudad del país en donde las cajas de compensación otorgan subsidios para viviendas sin disponibilidad de agua potable. El fraude en subvenciones existe”.

Horizonte de la denuncia

Dentro de sus apreciaciones finales, la representante Martha Alfonso, organizadora de la audiencia pública, refirió que la problemática irremediablemente deberá contar con el apoyo del Gobierno nacional dadas las características de las diferentes denuncias que acaecieron en el recinto.

“Eso no suprime las responsabilidades de las autoridades locales. A la Superintendencia de Notariado y Registro, que si bien han planteado que en la revisión documental de los licenciamientos de las curadurías en Ibagué han encontrado todo ‘bajo norma’, no se puede omitir todo lo que se ha hablado aquí. Que exista soporte documental, no quiere decir que haya verdad ni buena fé. Usted lo ha presenciado con fotos y testimonios, a todas luces hay algo que no está bien”, acotó Alfonso Jurado.

Además, la legisladora invitó a las autoridades locales, regionales y nacionales a tomarse en serio los problemas del Tolima y a dar resultados contundentes ante los graves problemas de planeación urbana, responsabilidades fiscales y violaciones a derechos humanos fundamentales sobre los cuales quedaron notificados con esta audiencia pública, invitando a la conformación de una mesa técnica que permita concretar las acciones necesarias.