El Gobierno de Estados Unidos repite lo que se ha convertido en su mantra en las últimas semanas: “la frontera sur no está abierta”, y no lo va a estar tras el levantamiento del Título 42, una norma por la que ha estado llevando a cabo expulsiones en caliente durante la pandemia.

Para reforzar este mensaje, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas, compareció ayer (jueves) en la rueda de prensa de la Casa Blanca junto a la portavoz del Gobierno, Karine Jean-Pierre.

Las palabras de Mayorkas fueron prácticamente las mismas que pronunció el miércoles en una rueda de prensa en la sede del DHS, pero su comparecencia en la sala de prensa de la mansión presidencial daba idea de la urgencia a la que se enfrentan las autoridades estadounidenses en la frontera ante el aumento del flujo de migrantes que intenta cruzar desde México.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas.

El responsable recordó que “la gente que llegue a la frontera sur” estará sujeta al Título 8, la norma que históricamente ha regido el proceso de emigración y que reemplazará al Título 42.

“Esto significa que si alguien llega a nuestra frontera sur presumiblemente no será apto para asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrar ilegalmente, lo que incluye una prohibición de un mínimo de cinco años y un enjuiciamiento criminal potencial”, subrayó.

Afirmó que han reforzado el número de efectivos en la zona y que llevan preparándose para este momento desde hace dos años: “Estamos aumentando a 24.000 los agentes de la Patrulla Fronteriza, 4.000 soldados, miles de contratistas y 1.000 funcionarios y jueces de asilo”, enumeró.

Insistió en que esperan grandes cifras de detenciones de migrantes irregulares en el límite con México y que, de hecho, ya están viendo grandes números en ciertos sectores.

Mayorkas mencionó las medidas que el Ejecutivo del presidente Joe Biden ha adoptado en las últimas semanas para lidiar con la que se anticipa como una gran crisis migratoria y aseguró que su país está aplicando consecuencias más duras contra quien entra irregularmente en EE.UU.

“Durante la primera mitad de este año fiscal hemos expulsado a más de 665.000 personas, estamos llevando a cabo docenas de vuelos de deportación cada semana y seguimos aumentándolos -apuntó-. Justo ayer (miércoles) trabajamos con el Gobierno de México para expulsar a cerca de 1.000 venezolanos que no usaron las vías legales disponibles para entrar en EE.UU.”.

Dijo que EE.UU. está trabajando “de cerca con México” y recordó la conversación telefónica a principios de esta semana entre Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador: “México está adoptando medidas de seguridad muy importantes que apreciamos de gran manera y que han sido tomadas en coordinación con nosotros”, señaló.

En una rueda de prensa telefónica aparte, Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, destacó que el Gobierno está escuchando, pero no está “de acuerdo” con las críticas de organizaciones de derechos humanos contra las nuevas restricciones en la frontera.

El funcionario aseguró que las medidas que se han tomado “son necesarias” para afrontar el reto migratorio y afirmó que los migrantes “todavía tienen derecho de pedir asilo en la frontera”, además de que se han “expandido los canales legales”.

“No estamos de acuerdo con esas críticas”, dijo.

Mayorkas lo dejó claro en su rueda de prensa: “Somos una nación de inmigrantes y una nación de leyes, estamos haciendo todo lo posible para aplicar esas leyes de una forma segura, ordenada y humana. Trabajamos con los países de la región para abordar un reto regional con soluciones regionales y, de nuevo, instamos al Congreso a aprobar  una reforma migratoria necesaria de forma desesperada”.

El caos crece en la frontera de México

El caos y la desesperación crecen en la frontera norte de México, donde los migrantes han intentado cruzar de forma masiva a Estados Unidos con tácticas como arrojarse al río Bravo y armar estampidas humanas.

En la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas, al sur de Estados Unidos, los migrantes se prepararon para el fin del Título 42, la norma sanitaria que permitía las expulsiones inmediatas de migrantes en la frontera.

Militares estadounidenses han instalado una concertina de seguridad, es decir, alambre de cuchillas enrollado, para evitar los cruces irregulares en la ribera del río Bravo, o río Grande en EE.UU., para contener a los migrantes.

Pero, a pesar de ello, los extranjeros siguen lanzándose al agua para alcanzar suelo estadounidense y, aunque algunos han sido retornados por el mismo caudal hacia México, otros han logrado su paso, principalmente porque traen consigo menores de edad.

En los últimos días, grupos de migrantes, venezolanos en su mayoría, se han internado en el río que divide ambos países y, aunque las autoridades han intentado inhibir la acción, se continúan filtrando familias a lo largo del río.

Esto ocurre ante la incertidumbre que ha traído la entrada en vigor del Título 8, que implica “expulsiones rápidas y masivas de los ciudadanos migrantes que incumplan la normativa estadounidense” de ingreso a ese país.

“No sabemos qué otra ley venga que nos pueda amparar a nosotros, que nos pueda dar esa seguridad que vamos a pasar hacia Estados Unidos. Entonces tomamos la decisión de arriesgarnos”, declaró a EFE un venezolano que prefirió guardar el anonimato.

En el lado mexicano, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se apostaron en los puntos donde había flujo de migrantes, mientras militares estadounidenses colocaban la filosa alambrada para impedir su paso e, incluso, les gritaban que regresaran a México.

Cientos de migrantes esperan por papeles junto al muro fronterizo en El Paso, Texas (EE.UU). 

MÁS NOTICIAS 

La esposa de Pecci pide firmeza y no claudicar ante los males de la “sociedad corrupta”

Madres de desaparecidos en México marcharon contra la indolencia de las autoridades