La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avaló la solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector de inteligencia del Ejército, general (r) Lelio Fadul Suárez Tocarruncho a quien se le vincula con la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana de las Farc.

La Corporación avaló las pruebas de la Fiscalía que lo vinculan con los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y fraude procesal.

De acuerdo con El Espectador el ente acusador argumentó que el exuniformado conoció desde el principio los vicios que presentaba la desmovilización la cual tuvo un costo superior a los mil 300 millones de pesos y los cuales dejó pasar por alto.

Según la Fiscalía, este dinero fue utilizado para el entrenamiento de los falsos desmovilizados, así como su alimentación, manutención y pago de nóminas a cada uno de los 62 supuestos guerrilleros.

También reveló que la ceremonia de la falsa desmovilización, llevada a cabo en Alvarado Tolima, tuvo un costo de 81 millones de pesos y a los falsos desmovilizados se les dieron dos cheques, uno por 155 millones y otro por 901 millones de pesos.    

“Según las declaraciones de varios testigos, el general Suárez Tocarruncho se aprovechó de su condición y amenazó a las personas que podrían contar los detalles sobre el montaje”, precisó la Fiscalía.

El magistrado Fabio Bernal aseguró por su parte que Suárez Tocarruncho incurrió en una falta grave al no investigar a los presuntos guerrilleros.

Por estas razones,  el Tribunal consideró que por omisión más que por acción, el general (r) merecía ser cobijado con la detención intramural y designó al Inpec la decisión de asignar en las próximas horas el lugar de reclusión en el cual deberá permanecer el oficial.

La defensa entre tanto solicitó un recurso de apelación ante la medida y solicitó que su cliente permanezca en su residencia, ante los problemas  de salud que presenta.

De acuerdo con El Espectador el alto oficial podría ser condenado a 20 años de prisión, además de perder los beneficios que le da su investidura de general de la República al considerar que incurrió en graves fallas.