La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura generó ayer una dura fricción al interior de la mesa de unidad nacional, lo cual tuvo frenada la votación de la Reforma a la Justicia por varios minutos.

Las posiciones se dividieron sobre si se debía mantener o no el Consejo, al punto que la votación inicial quedó en 32 por acabarlo y 29 por no clausurarlo, lo cual obligó a reabrir la discusión, pero en el debate se le negó la posibilidad de hablar al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien expuso que debido a los problemas que se han venido presentando al interior de la corporación justificaba su eliminación.

Tras una serie de críticas y de enfrentamientos verbales de varios senadores, La U y el liberalismo anunciaron que volverían a votar el artículo de manera positiva, mientras que los conservadores pidieron les dieran un tiempo para tomar una decisión pues no estaban de acuerdo con clausurar la entidad.

El expresidente de ese partido, senador José Darío Salazar fue quien planteó la oposición a apoyar el acuerdo de eliminar el CSJ, al argumentar que no sólo por los jueces que son investigados en el marco del carrusel de pensiones, se justificaría tal acción

Al finalizar, la bancada azul decidió acompañar el proyecto que fue aprobado por 65 votos a favor y cero en contra.
 
Así será el nuevo organismo
De ser aprobado el artículo para acabar el Consejo se crea el sistema de la administración y de la disciplina judicial, que estará integrado por tres niveles de administración.

Uno es la Sala de Gobierno Judicial, integrada por cinco miembros, presidente de la Corte Constitucional, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de Estado, un delegado de los magistrados del tribunal y de los jueces y un delegado de los empleados judiciales.

En esa sala también estarían presentes con voz pero sin voto el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

La Sala Ejecutiva de Administración Judicial, la integraría un delegado permanente de la Corte Constitucional, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado.
 
Y finalmente se crearía la figura del director Ejecutivo de Administración Judicial.
 
Magistrados por 12 años
En lo votado también se aprobó que el período de los magistrados de las altas cortes será de 12 años y no de ocho años tal como lo plantea la Constitución. La norma expone que incluso ese tiempo se le puede calcular a los actuales magistrados.

El artículo aprobado también revive en cierta forma la llamada coptación, que se entiende como la posibilidad de que los magistrados roten entre ellos mismos las curules. En adelante se propone se cree un concurso pero con condiciones especiales para esos reemplazos.

El ministro Esguerra quien se opuso a esa decisión consideró que no se le debería extender el período a los actuales magistrados, pues lo calificó como una componenda.

Reacciones de los senadores Armando Benedetti y Luis Fernando Duque le recriminaron que fue el mismo Gobierno que propuso la norma y que tanto él como el ministro Germán Vargas Lleras la respaldaron.

Los congresistas pidieron al ministro Esguerra no culpar al Senado por los errores de forma tramitados por el Gobierno.
 
Aforados y eliminación de la Comisión
La plenaria también aprobó la creación de una nueva Comisión de Acusaciones, que estará conformada por nueve particulares, que reemplace a la actual y que sólo tendría como función realizar una investigación preliminar a los altos aforados del país (presidente de la República, vicepresidente, fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes).

Ese paso se le ha llamado como el antejuicio político al que se verán abocados los aforados. Esta nueva Comisión deberá evaluar los fundamentos en que sustentan las investigaciones a estos aforados, para entregar a la plenaria de la Cámara la recomendación de si dan trámite a un juicio político, más no penal.

Los aforados antes mencionados sólo podrán empezar a ser investigados penalmente por la Corte Suprema de Justicia en el momento en que el Congreso de la República le envíe las pruebas, que según el legislativo, permiten ese proceso judicial.

CÓDIGO DE POLICÍA Y DESCONGESTIÓN
La reforma a la justicia también incluirá algunas normas referentes al Código Nacional de Policía para hacerlo más moderno y eficaz.

En tal sentido se aprobó que los conductores que manejen en estado de embriaguez no serán procesados penalmente sino que los llevarán por 36 horas a un centro de rehabilitación, los cuales se crearán en un futuro. 

Una situación similar se hará con las personas que sean encontradas con el influjo de sustancias de estupefacientes o alucinógenos.

Un artículo más que se votó fue el controvertido, hasta un par de semanas, que para descongestionar a los juzgados de los procesos penales en curso se puedan contratar a abogados particulares y también facultar a los notarios para solucionar procesos considerados como menores.