El final de la tregua unilateral de las Farc fue seguido, desde el mismo 21 de enero, por una escalada terrorista que ha incluido hostigamientos a la Fuerza Pública, ataques a la infraestructura, extorsión a empresas, llamados a paros armados y secuestros indiscriminados. Por supuesto, la reacción de la opinión pública y el Gobierno ha sido censurar esos actos violentos y cuestionar el avance de unos diálogos que por ahora no dan frutos.

Pese a ese cuadro, fuentes cercanas a la mesa en La Habana consultadas por Colprensa indican que esa oportunidad, sobre la que insisten no se concretará “a cualquier costo”, se debe a los cambios que han notado en el lenguaje, en los temas de interés y en las actitudes de los delegados de las Farc en Cuba.

Por ejemplo, se sabe que los diálogos han empezado a tener más fluidez, porque ya casi no ocurren intervenciones retóricas de los guerrilleros, que en las primeras dos fases eran de 40 o 50 minutos por cada persona, lo que hacía muy difícil avanzar hacia asuntos concretos. Quizá ese nuevo lenguaje es el que permitió lograr un ritmo de mambo, según las declaraciones de ‘Jesús Santrich’ al final de la tercera ronda de negociación.

Tal ha sido el cambio, que negociadores del Gobierno están convencidos de que las Farc han afinado sus formas de comunicación con asesores externos, cuya procedencia no aciertan a determinar.

También ha generado confianza el hecho de que en el trabajo en la mesa, cuyos temas casi siempre están muy lejos de las declaraciones dadas a los medios, algunos de los delegados de las Farc ya analizan asuntos tan concretos como el funcionamiento y posibles ajustes al sistema de catastro en Colombia, indispensable en la eventualidad de adelantar una reforma agraria.

El equipo negociador, de otro lado, confía en que las condiciones políticas internacionales se conviertan en un detonante positivo para el futuro de los diálogos, sensación que reafirmaron al ver el desarrollo de la cumbre de la Celac, en Chile, donde incluso hubo pedidos expresos para la dejación de las armas, por parte de líderes a los que la guerrilla les tiene aprecio, como el presidente boliviano, Evo Morales.