El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, anunció que como consecuencia de la sobrepoblación carcelaria que se presenta en las cárceles del país, el número de cupos para las personas privadas de la libertad excedió la cantidad de internos que son recluidos a diario.

 “Según las estadísticas que maneja el Inpec, en enero de 2010 las cárceles del país tenían capacidad para 55 mil 60 personas, sin embargo en ellas se encontraban 76 mil 761 internos, para un 39.4 por ciento de hacinamiento.     Al finalizar ese año, los penales terminaron con 84 mil 844 internos en 67 mil 965 cupos, con una disminución del hacinamiento en 15 puntos, para un 24. 2 por ciento de sobrecupo”, revela el organismo carcelario.

En ese sentido, el instituto explicó que a comienzos del año 2011 tenían 80 mil 76 internos de los cuales 27 mil 110 eran sindicados y 58 mil 966 condenados. Sin embargo, sólo tenía capacidad para 68 mil 29 personas, por lo que se registró un hacinamiento del 26.5 por ciento. A final de año con 100 mil 451 personas tras las rejas, el hacinamiento incrementó en 32.8 por ciento.

“A principios 2012 contábamos con 75 mil 620 cupos donde estaban recluidos 102 mil 296 internos, para un 35.3 por ciento de hacinamiento. Concluyendo esa vigencia, el Inpec terminó con 113 mil 884 privados de la libertad, en la misma cantidad de cupos con la que inicio el año”, agrega.

De acuerdo, con la tendencia de crecimiento registrada entre los años 2010, 2011 y 2012, el Instituto prevé un total de 130 mil 900 internos en establecimientos de reclusión para diciembre de 2013.

A propósito, el pasado 6 de febrero, la juez 56 Penal del Circuito, Gloria Guzmán, ordenó no recibir más internos en la cárcel Modelo de Bogotá por el término de tres meses, tras concederle una acción de tutela interpuesta por un preso en la que exigía mejoras en sus condiciones de reclusión. 

De igual manera, se ordena el trasladado de las personas que ya están condenadas, en un término de tres meses, a diferentes centros carcelarios del país. 

Guzmán también pidió que la Fiscalía investigue la existencia de presuntas fosas comunes en el interior del penal. 

Frente a dicha orden judicial, el director del Instituto, general Gustavo Adolfo Ricaurte, indicó que “estamos en cumplimiento estricto de lo que ordena el señor juez. No podemos controvertir y menos discutir un fallo de tutela. Sin embargo, obviamente, nosotros daremos a conocer las apreciaciones que tenemos dentro de los recursos que nos da la ley”, dijo.

Agregó que la situación de los penales es un problema de Estado.