La organización Human Rights Watch (HRW) celebró el “mensaje contundente” que envió ayer la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al abrir un examen preliminar por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde abril de 2017.

“Al abrir un examen preliminar, la fiscal de la CPI está enviando un mensaje contundente de que su Fiscalía está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro”, consideró ayer en un comunicado José Miguel Vivanco, director para América de HRW.

“El poder judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones de la CPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente”, agregó.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.

El paso dado ayer por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.

Un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentará este mes sus conclusiones sobre si hay base para que el secretario general, Luis Almagro, o algún país miembro denuncie al Gobierno de Venezuela ante la CPI.

HRW envió tanto a los expertos de la OEA como a la Fiscalía de la CPI un informe en noviembre en 2017 sobre abusos recientes cometidos en Venezuela.

Según la organización, en ese año el Gobierno venezolano “cometió de forma sistemática abusos brutales, incluyendo torturas, contra quienes se manifestaban contra el Gobierno y contra opositores políticos”.

Las investigaciones de Human Rights Watch concluyeron que “los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

Dispuesta a cooperar

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, se mostró ayer dispuesto a cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que abrió un examen preliminar al país caribeño por, entre otras cosas, posibles abusos de sus fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales de 2017.

“Estamos dispuestos a demostrar y a mostrar, cuando así se nos requiera, cada uno de esos argumentos”, aseguró Saab, en declaraciones a la prensa sin responder preguntas, sobre los supuestos casos de violencia de los organismos de seguridad del Estado durante las manifestaciones que se extendieron desde abril hasta julio de 2017.

Observadores internacionales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que su Gobierno está abierto a recibir a “todos los observadores internacionales” que quieran asistir al proceso de elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 22 de abril y que además dará “todas las garantías necesarias”.

El jefe de Estado venezolano dijo esto tras el anuncio ayer, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la fecha de las elecciones presidenciales.

El antichavismo buscaba en las conversaciones, entre otras cosas, “mejoras” y “garantías” para unos comicios a los que aún no ha decidido si participará.

El panorama en Venezuela no mejora

Andrés Mejía, internacionalista

“El anuncio de la Corte Penal Internacional no afecta el proceso electoral, pero sí tendría repercusiones en otros ámbitos. El proceso electoral no porque la Corte Penal no tiene competencia sobre temas electorales, y además porque las elecciones están cerca y estos procesos se demoran mucho tiempo.

“Lo que puede pasar en general con el anuncio de la CPI es que le va a complicar al gobierno de Venezuela su reputación internacional, que ya está bastante deteriorada, pero la va a deteriorar aún más; pero no creo que los efectos dentro de la misma Venezuela sean mayores”.

En cuanto al panorama político “van hacer unas elecciones que van a tener una credibilidad casi nula, nadie cree que la autoridad electoral sea imparcial, el proceso electoral prácticamente es una farsa, diseñada y orquestada con el propósito que el oficialismo siga en el poder, en este caso Nicolás Maduro o quien quiera que en su momento los verdaderos jefes del oficialismo designen y las expectativas de mejoría de las condiciones de los venezolanos por ahora son nulas”.