Saab, detenido el pasado viernes en Cabo Verde en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de la Interpol por delitos de blanqueo de dinero, tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra esa medida coercitiva ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Cabo Verde, explicó Landim.

“De acuerdo con la legislación de Cabo Verde, los Estados Unidos ahora tienen 18 días (a partir del pasado domingo) para presentar una solicitud de extradición”, señaló el procurador general de la República.

“Cabo Verde (prosiguió) no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de las Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace”.

Saab será transferido a San Vicente tan pronto se levanten las restricciones de viaje entre las islas, impuestas por la pandemia del COVID-19, que ha causado en este país, de momento, 750 contagios, 6 muertes y 301 recuperaciones.

Cabe señalar que Saab fue detenido en virtud de una alerta roja de la Interpol, la notificación más urgente y vinculante que puede emitir un país miembro de la organización policial internacional, lo que puede facilitar este proceso, argumentó el procurador general.

La solicitud de extradición, pues, debe hacerse dentro de los 18 días que empiezan a contar desde el pasado domingo, aunque ese plazo puede extenderse hasta 40 días en caso de fuerza mayor.

Sin embargo, matizó Landim, todo depende de si la defensa de Saab apela ante el TSJ, lo que “cambia automáticamente los plazos judiciales” del proceso.

El fiscal remarcó que, respecto a una eventual extradición, “nada está garantizado”, pues la solicitud puede ser denegada por los tribunales de Cabo Verde, que ya han actuado así en el pasado.

Supuesto blanqueo de dólares

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Álex Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro.

Saab, nacido en Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, GGL, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Clap.

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los Clap, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro, al parecer, se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

Las autoridades de EE.UU. también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida.