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El primero, es la crónica “El debate por la extradición en la Constitución de 1991” escrita en El Espectador por el periodista Juan Sebastián Lombo. Con detalles, allí se encuentra toda la historia de asesinatos, secuestros y bombazos, todos dirigidos a tumbar el tratado de extradición con los EEUU. La larga lista de mártires incluye, entre otros, a Guillermo Cano, Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán y muchos jueces, magistrados y policías.
Cuenta Lombo la posición valiente que asumió Virgilio Barco en 1989 cuando decidió hundir un ambicioso proyecto, que contenía más del 80% de las instituciones que luego aprobara la Constituyente, solo para no ceder al mico de la prohibición de la extradición por la vía de un referendo. Lo irónico es que ese proyecto, sin el mico, fue impulsado por Galán, en cuya memoria se convocó la constituyente de 1991, que terminó aceptando la propuesta de los capos.
El periodista también recuerda la famosa frase de Pablo Escobar ante una comisión presidida por el Procurador General: “Me entrego a la justicia por la paz de Colombia”. El capo, decidió entregarse cuando se percató de que la constituyente -cuyas sesiones seguía por radio- había aprobado abolir la extradición de nacionales.
El otro documento es la reveladora entrevista de Juan Carlos Esguerra. En ella, el gran jurista y constituyente cuenta cómo se dieron las cosas al interior de la “magna” asamblea.
Hay que recordar que él, aparte de ser “el padre de la tutela”, fue uno de los trece (con Carlos Lemos, Iván Marulanda, Antonio Galán, Fernando Carrillo, María Mercedes Carranza, María Teresa Garcés entre otros), que a pesar de las amenazas se atrevieron a desafiar a los barones de la droga en su pretensión principal. Esguerra tiene además el mérito de haberse opuesto a la eliminación de la extradición, llevándole la contraria a Álvaro Gómez, por cuya lista había sido elegido.
Vale la pena transcribir algunos apartes de la entrevista:
El exministro reconstruye la amenaza que recibió: “sabemos cuál es su postura en relación con la extradición. Creemos que ha pasado a formar parte de nuestra lista de honor”.
Dice que en verdad algunos constituyentes (recordemos que eran 70) tenían un deseo legítimo de mantener la extradición. Sin embargo, unos por miedo y otros por corrupción, terminaron aboliéndola. En sus palabras, “había algunos Constituyentes fletados por los carteles que estaban en trance de ver cómo buscaban el apoyo a lo que finalmente se aprobó, la prohibición de la extradición con apenas trece votos en contra”, uno que otro constituyente y el subsecretario de la Asamblea terminaron enredados en el ocho mil.
Cuando se le pregunta sobre la posición del gobierno de entonces afirma: “he de confesar que, a estas alturas, 30 años después no sé. Lo que sí sé es que cuando se dieron los debates en las comisiones primera y cuarta de la asamblea, el gobierno que siempre estuvo presente a lo largo y ancho de la asamblea, a través del Ministro de Gobierno, en ese entonces el Dr. Humberto de la Calle, con ocasión de los temas de extradición de las decisiones relativas a extradición se mandó perder, no estuvo nunca…”
Entre las paradojas está la de las dos aguerridas mujeres que dijeron no a la intención de los capos: María Mercedes Carranza, cumbre de las letras, hija ella del poeta conservador Eduardo Carranza y elegida en las listas del M-19, y María Teresa Garcés, gran jurista cuyo esposo, años atrás, con su voto como conjuez de la Corte Suprema, había decidido la caída del tratado de extradición.
Toda esta tragedia nos lleva a pensar que, si el Estado hubiera aceptado la amenazante petición de los narcos desde 1984 en Panamá durante el gobierno Betancourt, cuando prometieron entregar todo a cambio de ser juzgados en Colombia, aparte de los crímenes mencionados, nos hubiéramos ahorrado -igual se les cedió en el 91- hasta la tragedia del Palacio de Justicia.
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