Alfonso Gómez Méndez

El reconocido político liberal tolimense, Rafael Caicedo Espinosa, me contó alguna vez una anécdota histórica que muestra, en todo su esplendor, el daño que a la nación le ha hecho el llamado “fetichismo normativo”.

Hace casi veinte años fui a Madrid a visitar a mi hija Rosita, quien entonces cursaba una maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III. En ese momento había un gran debate público por cuenta de dos jóvenes políticas, equivalentes aquí a concejales, que se habían pasado del PSOE al Partido Popular o viceversa. Como dicen los jóvenes, fueron objeto de “bullying” por “volteadas”. A donde fueran, restaurantes, bares o salas de cine, todo el mundo las insultaba llamándolas “tránsfugas”. Para librarse de los ataques resolvieron usar pelucas. Pensé entonces que si algo parecido ocurriera en Colombia, donde el transfuguismo descarado se volvió costumbre sin reproche, se dispararía la economía por la gran demanda de “peluquines”.

Hace unos años el país vio, a través de los medios, la impactante imagen del llanto de un Consejero de Estado indignado por el hecho de que un cuestionado representante a la Cámara, miembro de la Comisión de Acusaciones, decidió llamarlo a indagatoria por prevaricato.

Más allá de los mitos alrededor del proceso de promulgación de la Constitución hace treinta años, y del “pecado original” de haber cedido ante la presión de los narcos para abolir en ella la extradición, algunas cosas buenas quedaron para el país con esa nueva Carta Política. Fue un momento en que, para utilizar una frase de ranchera mexicana, el país “tuvo una ilusión”. Un sector de la juventud urbana se incorporó a la política. Surgieron liderazgos que aún perduran como los de Óscar Sánchez, ex Secretario de Educación del Distrito; Alejandra Barrios, Directora de la MOE; Catalina Botero, constitucionalista; Fabio Villa, Constituyente; Ana María Ruíz, periodista; Fernando Carrillo, Claudia López y otros.  

Hace algunos años, cuando el todopoderoso y temido paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en el Congreso -con imagen “lavada” con el apoyo de algún sector de los medios-, nadie hubiera imaginado que hoy lo verían dando declaraciones a la prensa en las que pide protección para él y para su familia.

A propósito de los treinta años de la Constitución del 91 recomiendo, sobre todo a los jóvenes que quieran ir más allá de las alabanzas, la lectura de dos documentos que explican cómo los constituyentes acabaron cediendo ante las presiones de los narcos para prohibir la extradición.

En días recientes se desató en el país un injustificado “alboroto” por la supuesta impunidad que llegaría con la entrada en vigencia de un nuevo Código Disciplinario, aprobado en el año 2014. No hay lugar al escándalo. En realidad, este texto simplemente mantendría el histórico término de cinco años para la prescripción de las acciones disciplinarias.

Muchas explicaciones han tratado de encontrarse para entender un estallido social al que hasta ahora no se le ve salida. Entre ellas, se señala, el exacerbado presidencialismo. 

En estos días de pandemia, protestas justificadas y bloqueos injustificados, un amigo tomó un Uber, se puso a hablar con el conductor y le escuchó su historia. Se trataba de un joven administrador de empresas de 34 años graduado de una universidad bogotana relativamente costosa, con una maestría y dominio del inglés y el portugués. El hombre contó que manejar un carro para sobrevivir era la única opción que había encontrado después de repartir infructuosamente hojas de vida en entidades públicas -sin palancas políticas- y en empresas privadas y que, por lo tanto, no veía ya ningún futuro para él en el país.

El título de esta columna corresponde al slogan con el que la propaganda oficial en 1990 trataba de sembrar en la mentalidad de los colombianos la idea de que si se reformaba la Constitución por una vía distinta a la del Congreso se solucionarían todos los problemas que aquejaban a la Nación, que no son distintos a los que ahora se mencionan: desconfianza del pueblo en su clase dirigente, desprestigio del Congreso, descontrol del orden público por las acciones guerrilleras, pero principalmente por la arremetida terrorista del narcotráfico para quitarse la extradición de encima, corrupción política y administrativa, inequidades sociales y una desesperanza casi generalizada.