La Paz, la seguridad, la justicia y el orden público deberían ser temas prioritarios de esta atípica campaña presidencial caracterizada por la proliferación de candidatos -la mayoría auto candidatos- y las supuestas coaliciones con nombres que desaparecen con la misma facilidad con la que se crean.  

Muchas veces, por la carga emocional y política que pueden generar algunas decisiones judiciales, resulta casi imposible analizar los argumentos jurídicos que las fundamentan.

La conmemoración de los 36 años de la espantosa tragedia del Palacio de Justicia pasó casi inadvertida en medio de la relativa apatía producto de la desmemoria nacional. El país aún no se repone, y menos el poder judicial, de las consecuencias de haber perdido a esos magistrados íntegros y desprendidos de ambiciones burocráticas.

Con razón la excanciller María Emma Mejía destaca en su columna del domingo en este diario, la importancia para nuestra agenda pública de la nueva política de lucha contra las drogas de la administración Biden. 

Dos temas centrales -seguridad y justicia- no han sido abordados de manera seria por ninguno de los más de treinta candidatos cuya presencia demuestra no la pujanza, sino la debilidad de nuestra democracia.

Con la “reforma a la justicia” pasa lo mismo que con la “lucha contra la corrupción”: las dos terminaron, a punta de incesantes repeticiones y generalizaciones sin precisiones conceptuales, siendo utilizadas por oportunistas como banderas partidistas.

En un acto de gran solemnidad, celebrado en la casa natal del general Santander, las cabezas de las ramas del poder público se dieron cita para conmemorar los 200 años de la promulgación de la primera Constitución de carácter nacional. Al evento en Villa del Rosario asistieron el Presidente de la República, varios congresistas, magistrados de las “altas cortes” y profesores de derecho constitucional. Aunque antes, durante la llamada “patria boba”, ya se habían expedido varias constituciones provinciales, fue la de Cúcuta, promulgada en 1821, la que estableció los elementos esenciales de nuestro constitucionalismo.  

El periodista Felipe Zuleta, a propósito del escándalo en corrupción del MinTic, vaticina que esta vez tampoco pasará nada. A no ser que, como es de esperarse, la Fiscalía y la Corte Suprema nos den una sorpresa y lleguen a la ‘pepa’ de la corrupción.

Por iniciativa del periodista e historiador Oscar Alarcón Núñez, y en su compañía, le hice una visita en su refugio de Chía a mi profesor de derecho constitucional y administrativo, Jacobo Pérez Escobar, gran jurista, hombre público y secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Fue un agradable reencuentro en el que, como los suponíamos Oscar y yo, hablamos de historia política, de derecho, del caribe, y sobre todo del papel que nuestro ilustre anfitrión jugó como “notario” de la Constituyente.

Carlos Restrepo Piedrahita, nuestro profesor de Derecho Constitucional en el Externado, quien al decir de López Michelsen, que era el mejor constitucionalista de la América Latina, nos contaba una anécdota de Núñez y Caro cuando cumplieron con la tarea de sustituir la Constitución libertaria radical de 1863: una vez terminado el texto de la de 1886, alguien le dijo a Miguel Antonio Caro, que habían establecido una monarquía, y el filólogo contestó de manera cínica, “sí, pero lamentablemente electiva”.  Se referían al inmenso poder que se concentraba en el Presidente, pues no solamente era elegido para un periodo de seis años sino que podía reelegirse -como lo hicieron Núñez y Caro- con la farsa de retirarse y dejar a un “encargado” de la silla; era además, Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y suprema  autoridad  administrativa, nombraba sin restricción ministros, gobernadores, alcaldes y hasta corregidores y prácticamente a todos los empleados de la administración, podía “legislar” por vía de las facultades extraordinarias y del Estado de Sitio, retener sin límites a personas a quienes consideraba podían atentar contra el orden público, dirigir la guerra, hacer la paz, manejar la Fuerza Pública y nombrar magistrados, entre muchas otras facultades.