El hecho de que el presidente siga manejando la agenda pública, con indiscutible habilidad, muestra una vez más que el presidencialismo asfixiante, el clientelismo en el Congreso y la ausencia de responsabilidad política, hacen obligatoria la separación de poderes, formalmente establecida en la Constitución Nacional.

La reciente decisión de la Procuraduría General sancionando con seis meses de inhabilidad al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por intervención en política, revive el debate sobre dos temas controvertidos: la facultad del Ministerio Público para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular y, el alcance del concepto de “intervención en política”.

En un foro en Ibagué, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el jurista Diego Corredor, con autoridad académica y judicial, volvió a poner el dedo en la llaga al reconocer el fracaso del llamado sistema penal acusatorio que, unido a otros factores, ha llevado a una impunidad del 90 por ciento en materia penal.

La condena a treinta años de prisión al general (r) Iván Ramírez Quintero -en sentencia aún no ejecutoriada- por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco, quien salió viva de la toma al Palacio de Justicia, debe poner a pensar al país.

Son muchos los analistas, políticos y politólogos que se muestran alarmados por los peligros que afronta la democracia en estas épocas de autoritarismo, crisis sociales, inseguridad ciudadana, superficialidad en el debate público, redes sociales y hasta de inteligencia artificial.

Por estos días y al parecer en contravía de lo que el presidente Petro y su ministro del interior sostienen en público, ha vuelto a plantearse la tesis disparatada -que no es nueva en nuestra historia- de que el funcionamiento del Estado, como rige, con sus tres poderes y controles, es incompatible con la conservación del orden público -como antes se decía- y ahora, con el cumplimento de la voluntad del pueblo.

Muchas preguntas siguen sin respuesta en el grave caso de corrupción de la UNGRD, para algunos, caja menor del cohecho político. Hasta ahora solamente hay ruido mediático en ese y otros escándalos. Entendiendo que los tiempos de la justicia son más lentos que los del periodismo, es urgente que el país conozca realmente qué pasó y cómo pasó.

De tanto repetir frases como “conflicto armado”, “negociación política”, “paz” y hasta “Constituyente” se ha ido perdiendo el sentido real de cada uno de esos conceptos y, por momentos, hemos caído en una verdadera torre de babel.

El asesinato del director de la Modelo, coronel (R) Elmer Fernández, en condiciones de indefensión y desamparo, ha vuelto a poner en la agenda pública el recurrente tema penitenciario.

En medio de la avalancha de escándalos de los últimos días, pasó inadvertida la conmemoración de los 67 años de la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957.