El debate que se ha planteado en estos días sobre la postulación por parte de la Corte y el Consejo de Estado de candidatos a la Procuraduría General, pone una vez más en evidencia la inconveniencia de incorporar a los magistrados en decisiones que, de una u otra forma, tienen una connotación política.

El debate que se ha planteado en estos días sobre la postulación por parte de la Corte y el Consejo de Estado de candidatos a la Procuraduría General, pone una vez más en evidencia la inconveniencia de incorporar a los magistrados en decisiones que, de una u otra forma, tienen una connotación política.

La forma como se integra el llamado “poder judicial”, desde magistrados hasta jueces municipales y funcionarios de apoyo, es importante para cumplir la misión fundamental de ser la principal garantía del funcionamiento del Estado de Derecho y de las libertades ciudadanas.

El reciente fallecimiento del exdictador Alberto Fujimori nos sirve para una reflexión de lo que ha ocurrido en América Latina a partir del momento en que, por múltiples razones, incluida la corrupción de políticos tradicionales, tomaron las riendas del poder -no en todos los casos- oportunistas, avivatos y farsantes bajo el americanizado nombre de “outsiders”.

En medio de las dificultades generadas por el “paro camionero”, la semana pasada se celebró el congreso anual de la ANDI.

Invitado por el rector del Externado de Colombia, Dr. Hernando Parra Nieto, asistí en Cartagena a la inauguración de la 46ª “Jornada de Derecho Penal”, organizada esta vez por los departamentos de Penal del Externado y de la Universidad de los Andes.

Cada vez resulta más claro que en Colombia nos ocupamos más de las elecciones que de la política. Tan pronto se posesiona un presidente, le abren el proceso de sucesión. Durante la época del Frente Nacional y de la alternación era más evidente, pues existía esa especie de “fila india” que permitía saber con años de anticipación quienes iban a ser los inquilinos de la Casa de Nariño.

La dramática situación que vive Venezuela por el ocaso de la democracia cuyo episodio más reciente es la farsa electoral del pasado 28 de julio, donde autoridades dependientes del dictador Maduro “legitiman” su “triunfo”, hace notar una vez más la ineficacia, para estos casos, del derecho internacional y deja en evidencia cual es el real peso de lo que pomposamente llamamos la “comunidad internacional”.

Con ocasión de las ramificaciones que cada día aparecen -no solo en los medios sino en audiencias judiciales- a propósito de lo que parecería ser, en términos de la fiscal del caso, un evento de “empresa criminal” que tendría como modalidad “aceitar congresistas” con el fin de obtener votos para la aprobación de los proyectos gubernamentales, por parte del círculo cerrado de la Casa de Nariño, vuelven a confundirse los conceptos de responsabilidad penal y responsabilidad política.

Las pruebas que han salido a los medios en estos días, algunas de ellas están desde hace meses en despachos judiciales (sala penal de la Corte Suprema y Fiscalía General) demostrarían la existencia de un pernicioso intercambio de votos en el Congreso por contratos, con contratista incluido, y ponen otra vez sobre el tapete las relaciones entre ejecutivo y Congreso en un sistema presidencial tan poderoso como el nuestro.