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Todos se limitan a repetir los consabidos lugares comunes, sin señalar propuestas concretas de solución. En materia de justicia, todos dicen que van a hacer la “reforma”, sin señalar el cómo, más allá de la repartición del poder a los niveles altos, con la inevitable presencia de conocidos micos.
El principal tema de la seguridad es la recuperación total del territorio, insustituible premisa para que realmente funcione un Estado de Derecho. Se avanzó con el proceso de Paz de La Habana, pero se cometió el error de no copar con la fuerza legítima y la presencia del Estado los territorios dejados por las Farc.
Hoy, entre “disidencias”, elenos, paracos y narcotraficantes -todos enlazados con el elemento común del comercio de drogas- se habla ya de casi quince mil hombres y mujeres en armas desafiando al Estado, atando la Fuerza Pública, realizando el plan pistola contra la Policía, asesinando líderes sociales y desmovilizados de las Farc, generando miles de desplazados.
Este puede ser el principal factor que genera inseguridad.
En este orden de ideas, hay consenso general en el país, en reconocer el esfuerzo inmenso que se hizo desde la Presidencia, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía, para capturar y poner a disposición de la justicia, el temido jefe del Clan del Golfo conocido con el alias de “Otoniel”.
Él es un símbolo de este espiral de violencia. Muy joven militó en el EPL, de allí pasó a las autodefensas y por esta vía al narcotráfico. Durante mucho tiempo no pudo ser capturado por sus anillos de seguridad, protección de la población, y el infinito poder de corrupción que genera el negocio de las drogas.
Como todos los jefes del narcotráfico se creía invencible y, en medio de sus extravagancias, llevaba una vida miserable en el monte, donde fue capturado después de ser abandonado por sus inmediatos secuaces.
Ninguna razón hay para subvalorar el durísimo golpe que significa para estas organizaciones criminales esta acción oficial en la que participaron agentes estatales, y con un papel determinante de los servicios de inteligencia de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Dice mucho de la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas que el gran capo haya sido capturado, respetándole el derecho a la vida.
Hay que recordar que “Otoniel” fue el sucesor de otro jefe del narcotráfico y del paramilitarismo, “Don Mario”, que fue extraditado a los EE.UU., cuando no cumplió con su promesa de contar la verdad.
Si bien todo parecería indicar que el gran capo va a ser extraditado como narco de peso, las autoridades judiciales colombianas, deberían aprovechar el tiempo que transcurre en el trámite de extradición para sacarle toda la información y sobre todo, en materia de corrupción, que como lo dice Juan Lozano, desde el Estado le facilitó su accionar. No debería haber más secretos “extraditados”, como lamentablemente ha ocurrido en el pasado.
No podemos caer en el error de pretender que con la estrepitosa caída de este narcoparamilitar, se le ganó ya la batalla a la violencia. Antes de su caída, Pablo Escobar logró hasta cambiar la Constitución para quitarse la extradición y el narcotráfico siguió creciendo.
Es el momento de combinar acciones militares y de justicia para desmantelar toda la organización que según se afirma tiene alrededor de cuatro mil delincuentes. ¿No sería la oportunidad para con este golpe militar conseguir el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y desarticular uno de los factores de la inseguridad ciudadana? Sería una manera de evitar que se reproduzca. En el próximo gobierno se puede explorar una negociación con el ELN. Las disidencias de las Farc ya saben que las fuerzas militares le están respirando en la nuca. Y en cuanto a la delincuencia común, es hora de afrontarla seriamente desde la prevención, con una política criminal estable, y sin limitarse a reducir el problema a los periódicos aumentos de pena.
Cordial saludo.
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