Cuanto pesa el espíritu del legalismo que sin beneficio de inventario le dejó a nuestra cultura, Francisco de Paula Santander, evidenciada por la narración histórica, según la cual el llamado “hombre de las leyes” le escribió en 1824 al Libertador diciéndole a propósito de las dificultades que este venía teniendo para adelantar su campaña: tranquilo que  “…Con leyes que me escuden hago yo diabluras”. 

De donde deriva el inmenso valor político que entre nosotros se le da al texto escrito de la norma, en la creencia que ella basta para cambiar cualquier realidad por compleja que ella sea, y que por tanto resulta suficiente para obtener sin esfuerzo los cambios económicos y políticos pretendidos.

De ahí la ligereza con la que se llevan a cabo entre nosotros las reformas a la normatividad imperante, -Constitución incluida-, al punto de creer que con el simple “cambio de un articulito” se pueda modificar toda una institución que ha requerido de una centuria o más para aclimatarse, tal como viene ocurriendo con la reelección, respecto de la cual, de las nefandas experiencias de antaño que llevaron inicialmente a que se prohibiera para el período inmediatamente siguiente y luego a proscribirla tajantemente procurando así ponerle talanqueras al autoritarismo en busca de una democracia plena, se pasó, sin debate serio alguno, a adoptarla.

Todo por el simple “efecto de demostración” que se dio en el vecindario con Venezuela, Argentina, Perú o Ecuador, haciéndonos creer que con ello se alcanzarían, el orden, la estabilidad y el progreso que tan esquivos nos han sido.

Y tan evidente es esta creencia, que los últimos gobernantes, posiblemente inspirados en la facilidad con que se obtuvieron los cambios que se generaron con la Constitución del 91 gracias al amplio respaldo popular que ella tuvo, posiblemente auspiciados por sus validos, también han caído en la tentación de modificar la Carta para extender sus propios períodos, en procura de permanecer en el cargo, sin advertir el daño que causa la inseguridad institucional que con ello se produce y la fragilidad democrática que se pone en evidencia.

Claro que lo que se muestra como el colmo de lo arraigada que está la tendencia legiferante en el alma nacional, es que hasta en la mesa de diálogo de la Habana, los cabecillas de la FARC, sin rubor alguno, están proponiendo una asamblea constituyente con la evidente pretensión, de lograr un cambio normativo e incorporar en la Carta Fundamental algunos elementos de su caduco credo y sus atrabiliarios e inhumanos procedimientos.