Control Social

Darío Ortiz

Como en las páginas más oscuras de la historia nazi y en las lúgubres descripciones del Ministerio de la Abundancia en “1984”, la famosa novela de George Orwell, donde mantenían a la gente al límite de la subsistencia, el Presidente y los alcaldes compiten en la construcción de un régimen al cual la palabra facho le ha quedado corto. Aprovechando la loable causa de tener dominado el crecimiento del virus, han intentado, decreto tras decreto, cambiar el necesario “distanciamiento social” por el abusivo e inconstitucional “control social” a partir de artículos, aplicaciones y parágrafos oscuros que ni siquiera tuvo Hitler en su lucha antisemita.
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Aunque la alcaldesa de Bogotá, más tirana que gobernante, ya derogó la norma que obligaba a reportar todas las actividades que se hicieran en la calle, con horarios y rutas, en una aplicación de celular que tuvieron la grosería de bautizar GABO, irrespetando la memoria de quien con su literatura tantas veces defendió las libertades ciudadanas; esa norma no era otra cosa que el desarrollo del primer parágrafo del artículo tres del decreto presidencial que enumera las 43 excepciones a la prisión domiciliaria a que nos tiene sometidos y que dice: “Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas”. Violan el derecho a la intimidad, el derecho a circular libremente y el derecho al trabajo sin que nadie interponga ni una tutela. ¿Dónde está escondida a esta hora la Corte Constitucional que no la vemos objetando todas las barbaridades del tirano de palacio? Y aclaro que “tirano” no es un adjetivo calificativo sino una palabra a cuyo significado de la RAE me apego fielmente pues es quien abusa del poder político. Y un abuso es lo que ha pasado desde el primer decreto en que volvieron al país un arruinado gueto.

Un gueto en el que comienzan a surgir campos de concentración como el de la localidad de Kennedy en Bogotá donde la alcaldesa militarizó la zona, tras prohibir la circulación de autos y personas por 15 días con la excusa de tener 2.500 casos de coronavirus. 2500 casos en una población de 1.2 millones de personas a la que en dos meses no les han entregado ni 20 mil mercados y que hoy no pueden salir ni a sacar el perro porque no fue contemplado en el Decreto de la alcaldesa. Similar población y casos tiene Cartagena sin que tenga medidas tan grotescas.

Como también parece escondido el Congreso de la República dedicado a exaltar carrieles y otras pendejadas menores, no sabemos si ha cumplido su deber constitucional de revisar todos los recientes decretos presidenciales pues no vemos por ninguna parte a nadie hablando de las numerosas inconsistencias que tienen. Inconsistencia mayor por ejemplo cuando deja abrir centros comerciales, librerías, museos, pero no autoriza expresamente que podamos ir a ellos. Y si nos atrevemos a ir: ¿Cómo acreditamos que necesitamos comprar una novela de ficción para no enloquecer con esta realidad, que vamos a ir de compras para estabilizar la depresión o para contribuir con el destruido comercio nacional; que necesitamos ver una pintura en un museo para no ver por un día al presidente; o que simplemente queremos cortarnos el pelo? Distancia social recomiendan sabiamente los epidemiólogos del mundo entero y a cambio nos aplican un vulgar control social que no ha vencido, ni vencerá jamás al virus; y envueltos en el miedo, los sumisos colombianos que ni siquiera dejan salir acompañados, han dejado destruir sus libertades y derechos, los negocios de su sustento y el control de sus movimientos y vida privada, en esta nueva dictadura sanitaria donde hasta los presos de Auschwitz tenían más opciones de tomar aire fresco que los habitantes de Kennedy o los mayores de 70 años prisioneros por decreto.

DARÍO ORTIZ

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