Y, como si fuera poco, las nuevas vías que todo el mundo imagina, no llegan, mientras que el volumen de los vehículos en circulación aumenta todos los días como producto del incremento de las ventas y de la llegada de nuevos usuarios. Todo esto se traduce en dos factores dramáticos: deterioro y congestión.  

Lo que todo el mundo se pregunta es ¿Qué pasa con la enorme cantidad de recursos que el gobierno recibe proveniente de impuestos y sobretasas? Si nos detenemos a darle un vistazo al asunto, encontramos que todos los vehículos existentes en Colombia pagan un impuesto anual que fluctúa entre un 1.5 por ciento y un 3.5 por ciento del valor de los mismos, de acuerdo al modelo. Pero también cada vez que un automotor va a aprovisionarse de combustible, está pagando una sobretasa, que va incluida en el valor del galón y que está cerca del 6.5 por ciento del valor de la compra.  

¿Imagina el lector todo lo que esto representa en dinero contante y sonante? Cada municipio debería hacer un balance de las sumas que recibe e informarle periódicamente a los ciudadanos la forma como está utilizando esos dineros, para que el buen entendedor deduzca si efectivamente el esfuerzo que está haciendo al desembolsar estas sumas, se compadece con el beneficio que realmente está percibiendo por la inversión.  

Aquí es en donde deben operar las redes de veeduría ciudadana y los mismos concejos municipales, para que pidan oportunamente esas cuentas y le informen a los contribuyentes sobre su real destino.  

Y es que el cuento no para ahí; pues también se debe recordar que cada vez que una persona adquiere un vehículo, está pagando un impuesto a las ventas que es bastante sustancioso y que se calcula de acuerdo a la característica de cada vehículo, en donde se supone que esas sumas también se deben retribuir a los ciudadanos en los servicios de movilidad y buen estado de las vías con que cuentan.  

Si los ciudadanos aprenden a pedir cuentas, podrán dejar de exhibir tanta quejadera y pasar a un plano realista, concreto y revelador para contribuyentes y administradores del erario.