Nos aterra pensar que en Colombia las cifras nos siguen indicando de manera inequívoca y dramática que la corrupción avanza desvergonzadamente sin que la ley pueda detener ese terrible flagelo que descompone la sociedad y que arrebata dolorosamente los recursos públicos, que con tanto empeño los contribuyentes colocan en manos de los entes estatales, por todo lo que hacen o dejan de hacer, pues del taxímetro de los impuestos no se detiene siquiera un instante. 

Una nueva encuesta de Transparencia Internacional, nos revela que el 56 por ciento de los colombianos cree que la corrupción aumentó en los últimos dos años y que dentro de las instituciones percibidas como más corruptas, están los partidos políticos y el Congreso. 

Dramático y conmovedor resultado, que nos lleva a pensar en que la ley no basta para perseguir el delito, sino que hace falta ir mucho más allá para poder salirle al paso a ese dragón de múltiples cabezas, que le permite estar presente en todos los sitios en donde existen dineros públicos, y los arrebata de manera devoradora, tal como lo hacen los vampiros con sus víctimas en las películas de terror. 

Con ese señalamiento en concreto, el Gobierno, los partidos políticos y el Congreso, deben sentarse a hacer un ejercicio que les permita asimilar el tema y diseñar instrumentos eficaces para combatir decididamente las distintas formas en que la corrupción actúa, de tal manera que sus protagonistas no tengan cabida dentro del escenario público. 

Mientras esas instituciones señaladas, no tomen la absoluta determinación de no darle cabida a los inescrupulosos y de perseguirlos sin contemplación, las leyes no serán más que un catálogo de buenas intenciones, difíciles de cumplir ante la indiferencia de las instituciones encargadas de hacer valer su respeto. 

Si existe una tarea urgente por cumplir al interior de los partidos políticos, es la de la persecución de los corruptos, que debe comenzar con unos rigurosos procesos de selección de todas aquellas personas que vayan a tener responsabilidades y proseguir con un estricto esquema de vigilancia sobre sus actuaciones, para que se pueda tener la garantía de que quien actúa en nombre de un Partido o de la sociedad, lo hace con el absoluto compromiso de honrar lo que se llama la ética y las buenas costumbres, y desde luego el cuerpo íntegro de la ley. 

Vamos a ver si estas reveladoras cifras, en verdad producen acciones de quienes están dramáticamente señalados.