La Contraloría General de la República adelanta en el Tolima un total de 93 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $66.685 millones, por irregularidades en el manejo de recursos públicos.En la mayoría de estas actuaciones se vincularon las compañías aseguradoras y se decretaron medidas cautelares, con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Las irregularidades objeto de mayor cantidad de procesos de responsabilidad fiscal corresponden a proyectos de Saneamiento Básico (Acueducto y Alcantarillado): se adelantan 22 por $21.089 millones.

En general, se destacan las siguientes actuaciones: un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de 51 viviendas fiscales correspondientes a la segunda etapa del proyecto Ciudadela Policial Cenop En San Luis, donde la entidad afectada es el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, con una cuantía del daño de $5.364 millones.

El proyecto fue suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la sociedad Socar Ingenieria Ltda, por un valor de $6.697 millones. El proceso de responsabilidad fiscal evidenció que los contratos celebrados para la construcción de 51 casas de la Ciudadela Policial, Cenop en San Luis, no ejecutaron y con ocasión a su indebida programación, el proyecto quedó desfinanciado, sin recursos para su culminación; derivando en una obra abandonada que no cumplía con el objeto social inicialmente perseguido, el cual era garantizar vivienda fiscal en condiciones de seguridad y cercanía al lugar de trabajo para los instructores y personal de planta del Centro Nacional de Operaciones Policiales.

Asimismo, un proceso de responsabilidad fiscal por las irregularidades en el mejoramiento con una cuantía del daño de $4.895 millones. Por esto, la Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades evidenciadas durante la ejecución del contrato N° 0487 de 2021, cuyo objetivo fue el “Mejoramiento del servicio de radioterapia del Hospital Federico Lleras Acosta E S E de Ibagué – Tolima.”, suscrito entre la ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué y el Consorcio  Art Tolima 2021, por un valor de $12.268 millones.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la Actuación Especial de  Fiscalización adelantada por la Gerencia Departamental en el Tolima, en donde se encontró que se presentaron falencias en la planeación del proceso de contratación, puesto que no fue tenido en cuenta el tamaño del equipo denominado ‘acelerador lineal’ contratado, respecto de las dimensiones del bunker o bóveda construido previamente para su instalación, pues el tamaño de dicho equipo era superior a las del lugar de su instalación, lo que conllevó a que no se pudiera cumplir el objeto contractual en la forma en que fue pactado.

También un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña-Sede Principal de Ibagué, donde la entidad afectada es el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, con una cuantía del daño de $ 4.801 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades generadas del contrato marco No. 1380- 38-2016 del cual se desprende el acuerdo de obra No. 407005 del 12 de enero de 2017, que tuvo por objeto la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña-Sede principal de Ibagué”. 

Sin embargo, el proyecto fue reasignado mediante la suscripción del Contrato de Obra No, 1380-1441-2021 del 06 de octubre de 2021, en vista a que se realizaron pagos por las obras contratadas, sin recibir una ejecución de estas al 100%, aunado a las diferentes prórrogas, suspensiones, terminaciones anticipadas y deficiencias constructivas, entregadas por los contratistas.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en el Auto No. 0001 de 18 de enero de 2019 con el cual el Contralor General declaró de impacto nacional los hechos relacionados con el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para infraestructura educativa. En la visita que realizó la Contraloría General de la República, se evidenció que el proyecto desde su inicio presentó graves demoras, excediendo el tiempo de la entrega de diseños, retraso seguido de una cesión, lo que implicó la prórroga de tiempos que no fueron contemplados inicialmente. 

Como consecuencia de lo anterior se tiene: Una obra que no prestaba ningún beneficio, sin uso y disfrute por parte de la comunidad, debido a que se encontraba abandonada; Falta de amortización del anticipo del contrato; Mayor valor del m2 construido; y Mayores costos de interventoría. Los hechos irregulares descritos no se alertaron en los informes presentados por las interventorías realizadas en cada contrato por lo que se considera daño fiscal el  valor total girado en los contratos de interventoría.

Fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados

En la actual administración se han proferido 12 fallos con responsabilidad fiscal que se encuentran debidamente ejecutoriados, por cuantía total de $ 8.606 millones, de los cuales, a la fecha, se ha recaudado y logrado el resarcimiento de $920 millones:

El fallo de mayor cuantía es por $4.024 millones, por la pérdida de recursos del sistema de salud con ocasión de los pagos efectuados por la Secretaría de Salud del Tolima a la IPS Fundasalud, con destino al suministro de medicamentos, de los cuales no se encontraron soportes sobre su ejecución, solamente una gran cantidad de cheques girados y cobrados por personas que no tenían ninguna relación comercial con la señalada IPS. 

En este caso se declaró como Responsable Fiscal a la Fundación Vida y Salud Solidaria – Fundasalud IPS.

Según la Contraloría, tras la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por millonario hurto en Purificación, la Superintendencia adelantó la protección al consumidor

El hurto cibernético ascendió a $10.849 millones y ocurrió en diciembre de 2021 en vísperas a la Navidad y el dinero era de las cuentas de la Alcaldía.

Sigue su curso el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República por el  hurto cibernético de $10.849 millones a las cuentas bancarias de Purificación en diciembre de 2021, ahora con miras a lograr el resarcimiento de $2.950 millones que faltan por recuperar, luego que el pasado 25 de abril Bancolombia hiciera un pago que se le ordenó por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

En virtud de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR por este daño ocasionado al patrimonio público, la Superintendencia Financiera de Colombia tramitó acción de protección al consumidor contra Bancolombia y se ordenó a esta entidad bancaria el pago de $6.592 millones al municipio de Purificación y una multa equivalente a 150 SMLMV.

Luego, vía recurso, dicha decisión fue modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá destacando que Bancolombia “está llamada a soportar el riesgo que se deriva de la actividad profesional, por no haber ejercido las medidas preventivas respecto de las operaciones…”, y condenando a esta entidad bancaria a pagar al municipio de Purificación, la suma de $10.827 millones y una multa correspondiente a 120 SMLMV.

Esta suma de dinero fue pagada al municipio de Purificación, Tolima el 25 de abril de 2024, no obstante, el proceso de responsabilidad fiscal sigue su curso, con miras a lograr el resarcimiento total del daño fiscal generado, el cual a la fecha es de $2.950 millones aproximadamente.

Medidas cautelares contra vinculados

Los hechos que motivaron la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, adelantado en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, tienen relación con el fraude cibernético, derivado de las transacciones efectuadas a terceros los días 21 a 27 de diciembre de 2021, desde las cuentas  de propiedad del municipio de Purificación, Tolima, suscritas con la entidad financiera Bancolombia, como resultado del presunto hurto de tokens, al respectivo preparador y aprobador.

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal se profirieron medidas cautelares, no solo contra Bancolombia, sino respecto de los otros vinculados, es decir quienes para la época de los hechos fungía como Alcalde municipal y Tesorero municipal de Purificación.