La guerra es un negocio, sin importar el pretexto. Se justifica como supuesta defensa de la democracia, con motivos religiosos, por asuntos de fronteras o lo que sea. Después del atentado a las gemelas se impuso la justificación del combate al terrorismo y todo lo que signifique peligro a los intereses del imperio. 

La justificación real siempre se oculta, tal como ha ocurrido con el conflicto armado casi centenario de Colombia al que le han atribuido motivaciones políticas para justificar el todo vale en defensa de las instituciones y de la democracia, cuando la realidad oculta y visible ha sido el problema de tierras que se visualizó cuando el intento de López Pumarejo de favorecer a los campesinos y se institucionalizó con el chicoralazo dado por terratenientes a la reforma agraria de Lleras Restrepo. 

El viacrucis es bien conocido: resistencia armada, grupos insurgentes, guerrillas, amnistías, bandolerismo, paramilitarismo, corrupción en organismos de seguridad, congreso y cortes al servicio del mejor postor, legislación para favorecer el crimen y la impunidad, entre otros. Es normal, por lo tanto, que quienes se han beneficiado económica y políticamente de la guerra, conflicto armado o como se le quiera llamar, se opongan a las negociaciones que realizan el gobierno y las FARC en Cuba con miras a ponerle fin al conflicto armado. La paz significa para ellos pérdida de poder, devolución de tierras violentamente usurpadas y freno a masacres de campesinos para apoderarse de sus tierras.

Infortunadamente para el país nacional el proceso cautelosamente planificado y bien intencionado entre el gobierno y las FARC recibe golpes bajos desde el mismo gobierno, especialmente con desinformación y propaganda mentirosa. Si no se pactó cese al fuego no se puede exigir a las partes que no operen militarmente. Las fuerzas del Estado dan de baja guerrilleros y divulgan sus éxitos. Nadie las censura porque están cumpliendo con su deber. 

Las FARC hacen un operativo militar y de inmediato las censuran por no cumplir lo no pactado. No se justifica, bajo ninguna circunstancia, la muerte violenta de un colombiano, sea policía, soldado, paraco o lo que sea. Es este proceso lo que está en juego es la vida y el bienestar de los colombianos. Es algo más importante que la posible reelección de Santos y los problemas psicológicos y penales de Uribe y parte de su combo. Lo que importa es el país. 

Hasta el sacristán procurador, el mismo que bendijo el ascenso a general de Santoyo el exjefe de seguridad del tuitero de la apología a la violencia, que no hace parte del grupo negociador reunido en Cuba, utiliza su escopeta de regadera cargada con pepas de su camándula para disparar contra las negociaciones, algo que es normal en los uribistas y los ganaderos que representa Lafaurie con su idea de sacarle utilidad política al tema que para ellos no es la paz, mientras el Cardenal Rubén Salazar respalda las negociaciones, tal como lo han hecho la mayoría de las iglesias con presencia en Colombia.

El éxito de las negociaciones aseguraría la reelección de Santos, algo que no necesitaría para pasar a la historia como buen presidente. Bueno sería, de lograrse el éxito que muchos esperamos, que el Presidente, en gesto de nobleza y como un aporte a la oxigenación política del país manifieste su no participación como candidato en el próximo debate presidencial y ceda el cupo a uno de sus amigos presidenciables, con la tranquilidad que entre los que suenan como posibles candidatos del uribismo no hay uno que tenga el perrenque ni para llegar a la alcaldía de Sugüevita, Boyaca. 

Este sería un golpe mortal para los enemigos de la paz y los capataces que consideran que el futuro del país está en el plomo y el robo violento de tierras a los campesinos.