En la reciente entrevista concedida por el presidente Duque a Juan Roberto Vargas de Caracol Televisión vimos un mandatario robusto, elocuente, pródigo en gobernanza. Aquella frugalidad que tenía en coma diabético a los partidos políticos de la derecha quedó en el olvido. La coalición de gobierno ha conseguido para sí Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y extendió sus tentáculos a Registraduría y Contraloría. Hay mermelada para todos y hoy los perfiles de representantes y senadores no tienen nada que envidiarle a la rozagante silueta presidencial, que mete goles en guayabera.
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Superadas las vicisitudes parroquiales el inesperado resultado electoral de los Estados Unidos pone de nuevo a prueba la grácil cintura presidencial. El punto crítico de nuestras relaciones diplomáticas con el imperio ha sido la política antidrogas. Hemos recibido US$ 10 mil millones, en este siglo, para frenar una producción de cocaína que hoy dobla la del año 2000.
Una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos acaba de publicar un informe que esboza los cambios que nos esperan con Biden. Comienza reconociendo que 15 estados de la Unión Americana ya admiten el uso recreativo del cannabis, al igual que Canadá, Uruguay y próximamente México; 35 estados federados ya permiten el uso médico, más Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Jamaica. “Es posible que nunca pongamos fin al tráfico ilegal de drogas, así como no podemos eliminar el consumo de sustancias, pero podemos manejar mejor estos graves problemas mediante una estrategia integral”.
Sobre Colombia afirman que entre los años 2000 y 2008 se erradicaron, con glifosato, 1,15 millones de hectáreas. La superficie cultivada pasó de 163.000 a 81.000 hectáreas, una disminución neta de apenas 82.000. Así las cosas, el costo promedio de erradicar una hectárea coca fue de US$ 57.000. Los cultivos dejan su huella de deforestación en selvas vírgenes, páramos, praderas y bosques, para trasladarse a parques nacionales y zonas de frontera.
En lugar de asperjar recomiendan controlar estrictamente el tráfico de combustibles y precursores químicos y destruir los laboratorios. Es más eficaz y menos dañino para las comunidades y el medio ambiente. También que el Estado haga presencia integral en esos territorios. Recuerdan que la estrategia de Usaid 2014-2020 se diseñó para ayudarnos a implementar la paz que se negociaba, con cuatro prioridades para el desarrollo rural: caminos rurales, acceso al mercado, inclusión financiera y titulación de tierras. Punto del acuerdo echado al olvido.
Incluyen también un acápite sobre el lunar de este gobierno: la seguridad. Urgen implementar un programa de protección para líderes y lideresas afrocolombianos, indígenas y campesinos asentados en comunidades comprometidas con la sustitución de cultivos. Plantean los desafíos de una estrategia articulada para todo el hemisferio, con énfasis en Colombia, Venezuela, México y Centro América.
Es la oportunidad para frenar las masacres y consolidar la paz en zonas como el litoral pacífico, abandonadas al arbitrio de los carteles mexicanos y las disidencias de las Farc. Si bien los Derechos Humanos pesan más en el partido Demócrata que en el Centro Democrático, más nos vale que el presidente Duque se ponga su camiseta, calzando zapatillas Nike, tipo Obama y desechando las horribles bermudas safari, tipo Mar-a- Lago.
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