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Que a los ibaguereños nos ningunean en materia de espacio público y equipamiento urbano, fruto de una densificación desproporcionada que satura las redes de servicios, desvaloriza nuestras propiedades y comienza a generar un lamentable éxodo de las clases medias educadas a ciudades más organizadas y amables.
Que los manidos conceptos de “seguridad jurídica” y “confianza inversionista” también deben respetárseles a las familias que invirtieron su patrimonio en barrios que atacan, impunemente, los especuladores inmobiliarios. Que el cambio en las reglas de juego es ilegal, pues un POT no puede otorgar todo tipo de beneficios sin exigir cargas ni compensaciones.
Pues bien, con la expedición del decreto 0015, de 2021, el alcalde Andrés Hurtado y la secretaria de Planeación, Dora Montaña les pusieron coto a algunos abusos. No es función de los periodistas darle aplausos a nadie y menos cuando se trata de funcionarios públicos, pero la objetividad informativa me impide pasar por alto lo positivo de esta decisión. El paso dado por la Administración pretende redefinir las cargas y beneficios de forma equitativa; también neutralizar normas absurdas, como el “mico” que eliminaba las cesiones al espacio público y permitía levantar rascacielos en barrios donde se demolían casas unifamiliares. El propio Director Ejecutivo de Camacol reconoció que el municipio concertó con ellos las nuevas disposiciones en “salas técnicas” a las que fueron convocados.
Sería conveniente que la Secretaría de Planeación invite también a las universidades. Como ha quedado demostrado, los POT no son resorte exclusivo de los constructores. Dada la complejidad técnica de algunas temáticas (ambientales, de movilidad, etc.) es indispensable vincular especialistas que hayan estudiado el territorio para que representen el interés general. Hay un renovado interés de la academia en los temas de ciudad. El pasado 26 de septiembre la Universidad de Ibagué convocó el foro “Proyectos de Ciudad, una mirada desde el POT: ¿qué hacer?, ¿cómo cambiar? Escuchamos las recomendaciones de biólogos, ingenieros, profesores de urbanismo y destacados tolimenses ex funcionarios del Ministerio de Vivienda, las Secretarías de Planeación de Bogotá y Medellín, para corregir los defectos de la esperpéntica norma. Desde entonces han dictado seminarios de Ordenamiento Territorial, reactivado veedurías cívicas y conformado colectivos sensibles al desarrollo armónico de Ibagué. Un capital social en formación que no podemos desconocer.
Quedan asuntos pendientes, como el cobro de las plusvalías o las denominadas “Fichas Normativas”, que permitirían rediseñar la ciudad reglamentando sectores y subsectores. Tema que cobra relevancia en una era post covid en la que urbes del tamaño de París o Bogotá se quieren volver de “quince minutos”. La digitalización hará de la conectividad un derecho fundamental y la mitad de los viajes se harán a pie o en bicicleta.
Alcalde Hurtado: solo las comunidades enamoradas de su paisaje, protectoras de sus recursos naturales, y las ciudades amigables con el ciudadano, de espacios públicos limpios, equipados y seguros le ganarán la batalla al subdesarrollo. Respalde a la secretaria Montaña y ante las presiones no se arrugue.
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