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75 años después sus palabras aun reflejan nuestra realidad. Aquí no hay, como lo pretenden algunos, una lucha de clases que enfrente oligarcas con proletarios. El verdadero antagonismo es entre productores de riqueza (industriales, profesionales, microempresarios, trabajadores, campesinos, estudiantes) y una clase política que cada quince meses propone una reforma tributaria, no para cumplir el mandato constitucional de propiciar la justicia social y el bien común, sino para engrosar su clientela de funcionarios, contratistas, magistrados y sindicalistas oficiales que militan en la oposición.
Cada cuatro años arranca el culebrón que alterna héroes y villanos, entre la tropa de actores que se disputan el reparto. Vargas Lleras tiene medio gobierno, pero funge de antagonista. Calificó de “rechimbas” dos reformas: la de la Justicia, que engrosará los 7500 empleados de la Defensoría del Pueblo, nombrando 2000 más en los municipios, y la del Código Disciplinario, porque creará una jurisdicción subalterna en una entidad ineficiente que ya nos cuesta $910.000 millones. Paloma Valencia, en tono de heroína, agregó: “No se pueden generar cargos en ninguna entidad pública; todos los recursos deben ser destinados a atender a los colombianos pobres y a la generación de empleos”. Sobra decir que Cambio Radical y Centro Democrático las votaron favorablemente, confiando en la reconocida frugalidad burocrática del presidente Duque, a quien dieron facultades para reestructurar la planta de personal del Ministerio Público.
Los comediantes de la oposición no lo hacen peor: Fecode levantó el paro para salir a vacaciones. Petro denunció que esta ley incumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; pero en los mentideros políticos se afirma que Esiquio Manuel Sánchez, nuevo Procurador delegado para la Moralidad Pública, sería cuota de Armando Benedetti (a quien representaba en un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito ante la Corte Suprema de Justicia). De los 41 senadores de la oposición (9 verdes, 5 del Polo, 5 Farc, 4 +2 petristas y 14 liberales), escasamente 6 votaron contra el Código Disciplinario.
Concluyó la legislatura con la aprobación de algunos proyectos positivos como la Ley de Comida Chatarra, la reducción de la jornada laboral, la licencia parental compartida y la penalización a los determinadores de la deforestación. Pero archivaron la ratificación del Acuerdo de Escazú. Un balance agridulce que nos debe invitar a la reflexión, antes de votar en las próximas elecciones.
No creo en derechas ni izquierdas; menos en una polarización por cuenta del enfrentamiento entre un populista mesiánico y una teología económica neoliberal “fuera de la cual no hay salvación”. Nuestro verdadero problema es la captura del Estado por parte de camarillas que favorecen intereses particulares. No hay derecho que en las dramáticas circunstancias de pobreza, la anunciada Reforma Tributaria se haya comprometido, de antemano, en más botines burocráticos para el país político. Verdadero adversario del país nacional.
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