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Mi materia prima han sido las noticias reseñadas por este periódico y otros medios electrónicos, así como las denuncias de ONGs y veedurías. Casos como el de la mina de oro licenciada en el propio lecho del río Saldaña se resolvieron en favor de las comunidades indígenas y los agricultores. Los curadores urbanos, abocados a sanciones por parte de la Supernotariado, han tenido que rectificar su ligera interpretación de las leyes urbanísticas.
Pero aún quedan pendientes temas como el POT de Ibagué, que está generando irreparables daños ambientales y agudos conflictos sociales. Los cerros norte y sur se siguen urbanizando por fuera del perímetro hidrosanitario. Ya la Corte Constitucional definió en el fallo intercomunis de Alminar Samoa, que el municipio, con los impuestos de todos, debe asumir los costos de llevar el servicio, por haber permitido la expedición de licencias de urbanismo en zonas donde se expandió el perímetro urbano sin cumplir las condiciones de ley.
La problemática del agua está volviendo invivible la ciudad. Son permanentes los racionamientos en zonas recién desarrolladas como la Arboleda Campestre o Berlín. Hay 412 hectáreas de planes parciales que se construyen en los alrededores del Parque Deportivo con más de 5000 viviendas nuevas que agravarán el problema. La Alcaldía no ha contratado la conexión del acueducto alterno con la planta de tratamiento de La Pola.
El tanque importado de Inglaterra, de 10.000 metros cúbicos, está a punto de ser desechado y su arrendatario Atria (contratista de las obras) lanzado de las bodegas de Oikos, por no pago de arrendamientos. La estructura de la base de hierro fue saqueada y pese a los escandalosos sobrecostos, cursa una multimillonaria demanda contra el municipio de Ibagué por parte del contratista, también en el Tribunal. Como verán, no son ganas de importunar al magistrado Luis Eduardo Collazos. Los ibaguereños le suplicamos que aplique el buen criterio, la sana crítica y les dé fin a los cinco años de espera, cualquiera que sea su decisión.
Entre tanto, es deber legal de la administración plantearle al Concejo los ajustes y revisiones al POT. Un procedimiento inminente que necesita consensos y en el que será fundamental la participación calificada y técnica de la academia. Y no me refiero solamente a las facultades de arquitectura, sino también a las de ingeniería y derecho; a los colectivos que se ocupan de temas ambientales, urbanísticos, de espacio público, movilidad, etc.
No más foros por Zoom. Es hora de que las universidades salgan de su torre de marfil y convoquen talleres de los que salgan propuestas detalladas y debidamente sustentadas que alimenten los debates en el Concejo. No vaya a ser que la oportunidad de reordenar la ciudad nos coja, nuevamente, “con los calzones abajo y el agua lejos”.
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