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Ya sabemos cómo terminaron sus provocaciones. Es cierto que a Alexander Vega Rocha le pasaron por alto sombríos antecedentes, pero también que goza de la confianza del presidente. Duque designó a su hermano como subdirector de la cuestionada Agencia Nacional de Tierras y esto dijo, en agosto pasado, al exaltarlo cómo “el mejor funcionario público” de Colombia:
“Señor Registrador, mi felicitación porque usted rápidamente aceptó el reto de abrir oportunidades laborales para la juventud”. Vega Rocha aclaró el motivo de tal distinción, respondiendo: “El año pasado se entregaron más de 800 cargos para jóvenes entre 18 y 28 años y así seguiremos en ese tema”. Dudo que hayan sido petristas, pues el presidente dio mensaje de urgencia y convocó a sesiones extras para aprobar el Código Electoral, declarado por causa de estas inconstitucional.
Una más de sus sociedades de favores recíprocos, como los $6 billones en contratos espurios que habilitó la modificación a la Ley de Garantías declarada inexequible, o los 1200 cargos que le reglamentó a la Procuraduría con el decreto 1851 de 2021, que también caerán. A esta administración le basta la presunción de legalidad; “legisla” a punta de hechos cumplidos. ¡Cuánto nos costarán las indemnizaciones de tantas torpezas!
La ineptitud del Registrador no difiere de la de algunos ministros y jefes de organismos de control. Fue el propio Centro Democrático el que pidió que se excluyera a los docentes como jurados de votación. La escogencia de mozalbetes inexpertos para complacerlo fue el origen de los descomunales errores del preconteo, pero los escrutinios (que son los únicos válidos) fueron realizados por jueces y notarios. El intento de suspender o detener a Vega Rocha, lejos de remediar las irregularidades, comprobaría la subordinación de las “ías” al deseo del expresidente Uribe. Además, le trasladaría la narrativa del fraude a la oposición en la segunda vuelta, incitando a una guerra civil cualquiera que sea el resultado electoral.
Más que polarizada Colombia está harta del cinismo de sus gobernantes. Las autoridades electorales existen para garantizar que se cumpla la voluntad popular y ello implica hacer efectiva la alternancia en el poder de los partidos, cuando así lo digan los resultados. Chile y Perú acaban de dar un viraje a la izquierda, como en ambos sentidos lo han hecho pacíficamente Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay o el propio México, sin denuncias de fraude ni ruido de sables.
El posible ascenso de Petro augura cambios dolorosos. Algunos absurdos, como renunciar al gas domiciliario, los ingresos petroleros o echar por la borda US$5000 millones, vaciando la represa de Hidroituango (18 % de la producción de energía eléctrica). Es el costo de haberle franquiciado alegremente las instituciones públicas a los clanes políticos; de incumplir reformas inaplazables como la rural, que hoy todos prometen para recuperar la seguridad alimentaria.
Será también la oportunidad de experimentar la inexplorada separación de poderes, que los organismos de control sean verdaderamente independientes del gobierno de turno, los empleados públicos cumplan con sus funciones, el agua moje y la justicia persiga a los verdaderos ladrones.
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