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En Colombia hay dos millones de compatriotas indígenas de casi 100 comunidades que hablan 64 lenguas amerindias. Representan, aproximadamente, el 4,5 % de la población colombiana, contando aquellos que se reconocen colectivamente como tales, sin considerar el componente racial mayoritario de poblaciones que habitan zonas como la meseta cundiboyacense, el valle del Magdalena o el propio departamento Tolima, donde todos somos mestizos.
Por eso es ridículo el revuelo causado por el nombramiento de tres de ellos en cargos de alto rango, como la embajada ante la ONU, la dirección de la Agencia Nacional de Tierras o la Unidad de Víctimas. Veamos el caso de la embajadora Leonor Zalabata, llegada a la política, en 1990, para remplazar a sus compañeros arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, asesinados por integrantes del Batallón de Artillería La Popa, de Valledupar, cuando viajaban a Bogotá a participar en reuniones preparatorias de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Los secuestraron, torturaron y mataron buscando pistas de un secuestrado por las FARC perteneciente a una familia célebre por sus negocios de automóviles, sobornos judiciales, apropiación irregular de baldíos, etc.
Eligieron dos constituyentes, pero luego de cinco años de padecer despojos y asesinatos, Zalabata lidera la ocupación de la sede de la Conferencia Episcopal, en Bogotá, de la que no salieron hasta que Ernesto Samper les firmara los decretos que materializaron los logros más urgentes de la Constitución. Fue así como se crearon la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas. En el Caguán, Zalabata logró que las FARC se replegaran respetando sus territorios. Ahora, mientras sorteaba el acoso neo paramilitar en la Sierra Nevada recibe la noticia de su nombramiento como embajadora ante la ONU.
Comparemos su admirable trayectoria con la de su paisano Luis Alberto Rodríguez. A los 30 años nombrado por Carrasquilla viceministro de Hacienda; a los 32 director de Planeación Nacional para reformar el Sistema de Regalías, creando el OCAD Paz, por cuyas coimas están siendo investigados él y otros dos candidatos a Contralor General; a los 35, con sueldo de empleado público, inaugurando una mansión de $9.000 millones de pesos, en su natal Valledupar.
O con la de un alcalde que en dos años y medio ha realizado 70 viajes, viaticado seis meses por cuenta del erario y usado los bienes públicos como propios. Cada contrato es un escándalo de sobrecostos, incumplimientos y pésima calidad. Es venerado por su familia bien acomodada y vive agradeciendo públicamente la protección espiritual de los santos ángeles, el Contralor municipal, el departamental, la Gerente de la Contraloría General, la Procuradora regional, los miserables concejales y demás don nadies que a ninguno sorprendería aspiraran a los cargos directivos ofrecidos a nuestros discriminados e incómodos compatriotas.
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