Que los jueces, fiscales y magistrados suelen dar “palos de ciego”; que la justicia “cojea pero llega”; que puede llegar pero que, “como cojea tanto y llega tan tarde”, pierde su sentido original y se convierte en injusticia; que ella es solamente “para los de ruana”; que es ciega, “la mayor parte de las veces con carácter irreversible”; que una orden de detención “no se le niega a nadie”; que en los estrados judiciales las formas y solemnidades de los procesos “matan el Derecho”; que “la verdad procesal suele reñir con la verdad real”; que para ganar un juicio “más vale un mal leguleyo que un gran jurista”; que en los pleitos “es más útil una mentira contada con enredos que una verdad narrada simplemente”; que es mejor “un mal arreglo que un buen pleito”; que “el fallo justo es harapiento (quizá por sencillo), mientras que el equivocado se viste de gala”; que con inusitada frecuencia “los fallos son para enmarcar”; que “rara vez coinciden las sentencias y el Derecho”…, son algunas de las expresiones que se oyen con frecuencia entre los ciudadanos acerca del servicio público de la administración de justicia. 

En buena medida, tales frases no corresponden a fantasías literarias, a simples chistes de salón o a especulaciones caprichosas de algún desocupado, sino que se fundan en realidades conocidas, y a cada paso se encuentra que no faltaba razón a quienes las acuñaron, seguramente con base en experiencias propias o cercanas. 

Infortunadamente, en Colombia, aunque existen sin duda buenos jueces, fiscales y magistrados -por lo cual no se debe generalizar lo negativo-, los aludidos conceptos se aproximan cada vez más a lo que verdaderamente acontece en muchos estrados: La mora en la adopción de las providencias y en la culminación de los procesos es un axioma del cual parte cualquiera que piense en formular una demanda o en presentar una denuncia. 

Las equivocaciones y los errores judiciales, en especial cuando se trata de la libertad de las personas o del debido proceso –derechos fundamentales prevalentes-, se están convirtiendo en pan de todos los días. A cada paso tenemos que presenciar en los medios de comunicación las rectificaciones de los funcionarios; la revocación o la nulidad de decisiones judiciales que se presentaron en su momento con el sello de la invulnerabilidad -o, como ahora dicen, completamente “blindadas”-, y la inseguridad jurídica se extiende peligrosamente en un sistema que dice encarnar el Estado de Derecho. 

Ya es "normal" que resulte exonerada de toda culpa una persona que lleva meses o años privada de su libertad y que en su momento fue capturada con gran escándalo y presentada como peligroso delincuente. 

El fenómeno de pérdida de credibilidad de la Justicia ha llegado en esta materia a tal punto que, en medio del mare magnum compuesto por leyes, decretos, demandas, denuncias, investigaciones, autos, sentencias y novedosas teorías jurídicas, ya ni los propios especialistas en determinada rama pueden responder acertadamente cuál es el estado de la cuestión, hablando en términos de Derecho. Éste –lo sabemos- es relativo y discutible, mas en la época presente ya no sólo tiene esas características que lo distinguen de las ciencias exactas, sino que se ha vuelto manipulable y maleable hasta extremos inconcebibles, porque esa maraña inextricable pone la justicia, no al servicio de la verdad sino del más habilidoso.