La asamblea propuesta

Caben algunas precisiones en torno a la reciente propuesta presidencial sobre convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

La Constituyente

El presidente Gustavo Petro -ante el bloqueo al que han sido sometidos los proyectos gubernamentales en el Congreso- ha manifestado que, “si un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente". Agregó que ella “debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia".

Información veraz e imparcial

Durante un reciente foro académico acerca de la libertad de información, uno de los asistentes manifestaba: “Hablando de la información, debo decirles que he perdido por completo la confianza en los noticieros de radio y televisión. Ya uno no sabe qué creer, ni a quién creerle. Todos están politizados”.

Un desgaste innecesario

No se olvide que, en una auténtica democracia, la crítica y el disenso -en uso de la libre expresión del pensamiento y opiniones de cada uno, garantizada en Colombia por el artículo 20 de la Constitución- no riñen con el debido respeto, consideración y acatamiento que merecen los actos y decisiones de las ramas y órganos del poder público, incluyendo a los altos tribunales.

Justicia, honra y buen nombre

Complementado lo expresado en anteriores columnas acerca de los derechos fundamentales, la impunidad y la necesidad de una administración de justicia recta, oportuna y eficaz, cabe decir que -contrariando claros principios jurídicos y preceptos constitucionales- ahora resulta que, en Colombia, las decisiones acerca de si alguien es culpable o inocente ya no las adoptan los jueces y tribunales sino los medios de comunicación y las redes sociales. Muchas veces, las personas son calumniadas y ofendidas públicamente, sin pruebas y sin existir decisiones judiciales condenatorias -en contra de ellas, o sin esperar el curso y avance de los procesos-, y se quedan señaladas como si hubiesen sido condenadas, sin posibilidad real de defensa o reivindicación.

No hay derecho

Ya sabemos que Estados Unidos, mediante el veto, sigue impidiendo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas profiera una decisión vinculante sobre cese al fuego en Gaza. Y los líderes de las grandes potencias miran para otro lado, aunque prosiguen y se incrementan los ataques a la población civil y la vulneración de los Derechos Humanos.

No era lo indicado

Aunque, en torno a los hechos del jueves 8 de febrero frente al Palacio de Justicia en Bogotá, algunos medios y usuarios de redes sociales difundieron informaciones falsas -por ejemplo, hablaron de magistrados apedreados, heridos o evacuados en helicóptero, sin que fuera verdad-, el episodio de las protestas orientadas a presionar la elección de fiscal no fue nada edificante ni apropiado para el fin que se buscaba.

Equivocado procedimiento

Como decía José Ortega y Gasset, “sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”.

Ecuanimidad

Lo acontecido en días recientes debe llamarnos a la reflexión. Que, en palabras de una congresista, el objetivo de su partido consista en no permitir que el presidente de la República dure en ejercicio los cuatro años para los cuales fue elegido; que el fiscal saliente se haya enfrascado en un enfrentamiento político y personal con el presidente; que éste haya reaccionado, llamando al pueblo en su defensa, sobre la base de entender que, en su contra, se fragua un golpe de Estado, no son hechos de poca monta, desde la perspectiva del Derecho.

Ecuanimidad

Lo acontecido en días recientes debe llamarnos a la reflexión. Que, en palabras de una congresista, el objetivo de su partido consista en no permitir que el presidente de la República dure en ejercicio los cuatro años para los cuales fue elegido; que el fiscal saliente se haya enfrascado en un enfrentamiento político y personal con el presidente; que éste haya reaccionado, llamando al pueblo en su defensa, sobre la base de entender que, en su contra, se fragua un golpe de Estado, no son hechos de poca monta, desde la perspectiva del Derecho.