Este 4 de julio se cumplen treinta y tres años desde la fecha en que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el texto de la Constitución de 1991. No entró en vigor ese mismo día porque solo fue promulgada el 7 de julio, mediante su publicación en la Gaceta Constitucional, órgano oficial de la Asamblea.

Este 4 de julio se cumplen treinta y tres años desde la fecha en que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el texto de la Constitución de 1991. No entró en vigor ese mismo día porque solo fue promulgada el 7 de julio, mediante su publicación en la Gaceta Constitucional, órgano oficial de la Asamblea.

Una grave denuncia ha sido formulada por el actual magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, doctor Jorge Enrique Ibáñez, quien declara que, tanto él como integrantes de su familia y equipo de trabajo, vienen siendo afectados por la ilícita interceptación de sus comunicaciones y por seguimientos. Como debe ser -de manera oficial y sin acudir al show mediático-, el doctor Ibáñez se ha dirigido a la corporación a la que pertenece y a la autoridad competente -la Fiscalía General de la Nación-, para poner en su conocimiento los hechos y para solicitar la pertinente investigación y la salvaguarda de sus derechos.

El presidente argentino Javier Milei -de extrema derecha- no se ha cansado de repetir en todas partes que la justicia social es “una aberración”. Dice que, según esa figura, “donde hay una necesidad nace un derecho”, lo que, en su criterio, resulta “absurdo” porque las necesidades son infinitas y los recursos finitos. Es decir, proclama que la sociedad y el Estado no tienen por qué atender, proteger, apoyar ni aportar a personas pobres, necesitadas o marginadas, carentes de recursos.

Durante los últimos meses, por causa de la polarización política existente, han prevalecido las vías de hecho sobre las reglas de juego y el efecto no ha sido otro que la pérdida de tiempo, el desgaste de la institución legislativa y la expedición irregular de las leyes o el hundimiento de importantes iniciativas sin haber sido objeto de trámite ni discusión.

Las especulaciones no terminan. Siguen hablando acerca de si el presidente Gustavo Petro busca su reelección y sobre si, cuando alude a la posible convocatoria de una asamblea constituyente, lo hace con ese específico propósito.

A raíz de intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro, se sigue hablando de la posible convocatoria de una asamblea constituyente. Muchos, desde la oposición, han deducido -sin fundamento- que esa convocatoria está dirigida a la reelección, incluso indefinida en el tiempo, del actual jefe de Estado. Se ha llegado a asegurar -también sin fundamento- que el presidente cerrará el Congreso, que lo hará el 20 de julio -cuando debe instalarlo- y que acabará con el actual orden constitucional.

En momentos en que se discute si es posible la convocatoria de una asamblea constituyente sin necesidad de la previa intervención del Congreso, es importante dejar en claro y tener en consideración -desde el punto de vista estrictamente jurídico- varios elementos de juicio:

Este viernes 24 de mayo la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al resolver sobre la demanda de Suráfrica, decidió ordenar a Israel que detenga de inmediato la invasión terrestre, los ataques y toda acción u ofensiva militar sobre Rafah, en el sur de Gaza. En la providencia se exigió, además, la apertura, también inmediata, del cruce fronterizo, para permitir la entrada de ayuda humanitaria.

En la época del Renacimiento, Tomás Moro -en Utopía- concibió una isla perfecta, en que el bien, la justicia, la sana convivencia, el mutuo respeto, el progreso y especialmente la paz tendrían plena realización.