¿Cuántas empresas privadas de los sectores minero, energético, agrícola, industrial y de telecomunicaciones, por citar solo algunos ejemplos, podrían llevar adelante sus proyectos empresariales sin su acompañamiento? ¿Cuántos colombianos podrían atender sus haciendas, sembrar sus pequeñas o grandes parcelas, visitar amigos y parientes o simplemente descansar en sus casas de recreo sin su cuidado?
 
Es cierto que reconocemos y agradecemos -pública y privadamente- la tranquilidad que nos han dado en los últimos años, aunque ahora estemos reclamando y pidiendo a gritos que no bajen la guardia pues nuevamente nos estamos sintiendo amenazados. Sin embargo, nos quedamos callados cuando ellos necesitan de nuestro respaldo. Dejamos en manos de los congresistas y de unos cuantos analistas la discusión sobre la reforma al fuero militar, cuando somos los más beneficiados. Nos hemos negado a aceptar racional, emocional y moralmente los costos que la confrontación del conflicto interno armado acarrea.
 
Sin duda alguna, “todos” los colombianos hemos pagado un alto precio por las decisiones que ha tomado repetidamente nuestra clase dirigente, incluidos gobernantes y contradictores, quienes históricamente han dispuesto resolver injusticias, diferencias y discrepancias por la vía de las armas. La expansión y prolongación del conflicto -consecuencia de años de abandono de gran parte del territorio y de su gente- es responsabilidad del Estado y también, desafortunadamente, su cadena.

Conflicto armado atípico que, además de enormes repercusiones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales e incluso en el marco de las relaciones internacionales, tiene  un gran impacto en la vida de miles de hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas Militares cuya labor muchos de los colombianos no estamos dispuestos ni somos capaces de realizar. ¡Que quede claro, nos estamos matando entre colombianos!

En una confrontación irregular, como es la nuestra, en la cual no se respetan los principios ni las reglas de una guerra convencional, es sin duda el Estado, a través de sus Fuerzas Militares, quien tiene la obligación de asumir la parte legal y es, precisamente, lo que pretende la reforma al fuero militar. ¿Combatir sin protección jurídica? ¡No lo podemos pretender y menos exigir!

Los ciudadanos del común no podemos “lavarnos las manos”, hacernos “los de la vista gorda” y pretender que “no tenemos velas en ese asunto”. No es necesario enarbolar las banderas del “santismo” o del “uribismo”. Como ciudadanos independientes, seamos consecuentes: exijamos que se respeten la honra e integridad de quienes, sin consideraciones de tipo político y en el cumplimiento de su deber, nos han protegido.

Contribuyamos a que nuestros congresistas asuman la defensa y aprobación del marco legal que le de seguridad jurídica a su accionar. La aprobación de la reforma al fuero militar es también nuestra responsabilidad, no lo confundamos con impunidad y menos con solidaridad.

Aún y  de manera egoísta estamos obligados a actuar, que no se nos olvide: no es simplemente el futuro institucional y personal de los integrantes de las Fuerzas Militares lo que está en juego ¡Es el futuro de todos los colombianos!

Colprensa