El proyecto minero La Colosa está bajo la lupa de los concejos de Cajamarca e Ibagué. En el primer caso, el alcalde decidió dar trámite a la consulta popular. En el segundo, se realizó un debate sobre los alcances de las operaciones de Anglogold Ashanti en la capital del departamento.
Ambos hechos son por sí mismos positivos. Rompen la mordaza que se quiere imponer a comunidades y gobiernos locales en la deliberación sobre la minería en los territorios, basada en la idea imprecisa de que es posible ordenar el suelo con independencia de lo que pase con el subsuelo.
Para bien o para mal, los concejos son el escenario de la democracia municipal y es en ellos dónde se deben discutir los asuntos importantes. Porque de eso se trata: es un debate político.
La empresa hizo bien asistiendo a la citación del cabildo de Ibagué, pero hace mal en tener títulos mineros en la cuenca del Combeima y en persistir en su oposición a las consultas. Si el proyecto es tan bueno, ¿por qué le teme al veredicto de la comunidad?
El concejal ibaguereño Camilo Delgado se lució con su desempeño en el debate. Igual ocurre con los comités ambientales. La comunidad de Cajamarca se merece el crédito por lograr que su alcalde finalmente se decidiera a hacer su trabajo. Consultarlos sobre un socavón de trescientas hectáreas que tendrán en el patio trasero de sus casas, es lo mínimo.
No hay que temerle al debate público sobre la minería en el Tolima. Los mecanismos de participación y control político están para ser usados. Ese es el espíritu de la constitución del 91. Obstaculizarlos es antidemocrático.
Ñapa: muy sugestiva la fiera oposición del procurador agrario y ambiental Ernesto Cardoso a las consultas populares y a las decisiones de Cortolima sobre La Colosa. Que se serene y no pierda los estribos.
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