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La República comenzó a construirse en 1810 como República Liberal, lo cual, estimuló al país a un periodo de consolidación del Estado de Derecho; y a formalizarse a partir de 1821. La semilla de la libertad estaba germinando, la traducción y publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, avivó con gran fuerza la llama revolucionaria, “la declaración de los derechos señalaban, hasta donde podían llegar los gobernantes y los gobernados; dentro de qué marco constitucional, puede desarrollarse el poder y cuáles son los principios tutelares de una sociedad democrática” Derecho Constitucional – García Eduardo. Había que empezar a luchar contra las establecidas divisiones sociales que conformaban una escala de “privilegios y de exclusión”, el panorama era el siguiente: de acuerdo con John Lynch a comienzos del siglo XIX la población de las colonias hispanoamericanas era la siguiente: de un total de 16,9 millones de personas, 3.2 millones de raza blanca, de ellos 150 mil oriundos de España, los demás del total, correspondían a los criollos; los cuales cargaban el pecado de la mancha de la tierra (nacer en América), además de la mancha de la sangre, debido a las uniones establecidas con los aborígenes y negros, surgiendo así los mestizos, mulatos o pardos, y zambos. Población muy numerosa que en sus diferentes escalas sociales eran “vasallos del rey”. España en esos momentos afrontaba una difícil situación política, la mayor crisis de poder, al ser invadida por el ejército de Napoleón, quien toma como prisionero al Rey Carlos IV, y a su hijo Fernando VII, en este vacío de poder, buscaba la solidaridad de sus súbditos. La gran respuesta fue invitando a la organización de Cabildos Abiertos y Juntas de Gobierno, lo cual generó resistencia por parte de los españoles peninsulares, especialmente en México, La Paz y Quito; esta represión fue uno de los factores del distanciamiento, entre la elite criolla y los españoles europeos. Los proyectos para formar juntas de gobierno en las provincias se reactivaron a principios de 1810, cuando llegaron las noticias de una cercana derrota de España, por Napoleón, lo cual incentivó la necesidad de pensar en propuestas de autogobierno, que cada vez eran más necesarias; a ello respondieron inmediatamente, Valledupar, Cartagena, Mompox, Cali, Pamplona, con movimientos, que antecedieron al movimiento del 20 de julio en Santa Fe; estas juntas de gobierno mantuvieron en términos generales, fidelidad a Fernando Séptimo, pero al ser declaradas estas juntas como ilegítimas y por la incapacidad de las juntas de España, para ofrecer un nuevo ordenamiento político satisfactorio, agravaron la situación provocando en muchos sectores criollos la conformación de partidos radicales.
El 11 de noviembre de 1811 se firmó un documento que declaraba a la provincia de Cartagena como “Estado libre y absolutamente independiente con la corona y gobiernos de España”; documento que fue conocido como el Acta de Independencia de Cartagena de Indias.
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