La frase del título se hizo famosa para la retoma del Palacio de Justicia en 1985, con la que se ocasionó la tragedia que ya conocemos. Pero también se utiliza en las campañas electorales y por eso la recordamos para algunos eventos de corrupción en elecciones que aquí analizaremos, teniendo en cuenta que este será un año de mucha agitación política. Lamentablemente los medios de comunicación se ocupan más bien de delitos de impacto como las riñas callejeras, o los robos de celulares, descuidando los que afectan otros bienes jurídicos como el de los “mecanismos de participación democrática” con el que se puede medir el nivel de convivencia política y de civilización de un pueblo: Constreñimiento, fraude y corrupción al sufragante, Voto fraudulento, Alteración de resultados electorales, Posesión ilícita de cédula, entre otros, son hechos reiterados en las elecciones del país, pero de los que poco se habla y que, como lo ha dicho la Corte Suprema, “distorsiona la democracia como sistema político, cuya legitimidad depende en gran medida del respeto por la autonomía ética de las personas”.
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Pocos son los países que sirven de modelo: por ejemplo, el asesor político de la campaña de Trump fue condenado a prisión en EE.UU. por manipular testigos y mentirle al Congreso del país respecto de la campaña de descrédito a que fue sometida su adversaria, Hillary Clinton, y otras jugadas sucias para hacerle ganar las elecciones en 2016. Lo mismo había hecho con Bush y otros candidatos elegidos, en la Nación supuesto paradigma de la democracia universal. Pero ahí estaba su beneficiado muy agradecido por haberle ayudado de esta manera a ser el Presidente de la superpotencia y luego haber mantenido el consenso entre el electorado con propaganda racista, xenófoba, etc.: por eso aprovechó sus facultades legales para perdonarle sus delitos haciendo anular su condena (febrero 2020).
Y entre nosotros, ¿cuántos grupos políticos o familiares actuarán como lo encontró la Corte citada, en 2020 en el caso de Aída Merlano? Ésta fue condenada por haber salido congresista en 2014 y 2018 por medio de una estructura criminal protegida por 3 clanes familiares de la Costa muy conocidos y que operaba desde hacía mucho tiempo, aprovechándose de la necesidad de la gente, comprándoles su voto. El grupo tenía una especie de “registraduría” clandestina compuesta por empresarios, políticos, concejales y diputados; con 18 computadores, listados de cédulas retenidas, letras de cambio, contadora de billetes, manuales de instrucción para líderes de barrio, certificados electorales, armas sin salvoconducto, etc. Los votos se compraban por entre 15.000 y 90.000 pesos. Con esta estructura se garantizaba la “artificiosa voluntad popular” (Corte), para “defender la democracia, maestro”.
También en el Tolima se han presentado eventos vergonzosos. Es conocida la situación de un municipio, cuyo nombre no quiero acordarme, en el que la justicia condenó por Corrupción al elector y Concierto para delinquir a miembros de un clan familiar (en el que ya había un condenado por parapolítica). Es el delito más común de aprovechamiento de las penurias de un elector para prometer, pagar o entregar dinero o dádiva a cambio del voto: el Alcalde en ejercicio sirvió de trampolín para que el candidato ofreciera bienes del municipio y servicios a través suyo. Se prometió arreglar y acondicionar vías, se entregaron bultos de cemento y tanques de agua al presidente de una Acción comunal, se arreglaron viviendas, etc. Gracias a la denuncia valerosa de un ciudadano, hechos como este forman parte del registro oficial, o sea, de la “cifra dorada” de la criminalidad, porque aunque la gente conoce sinnúmero de casos, la mayoría se queda en la “cifra oscura” de la criminalidad electoral, pues son pocos los que llegan a la justicia. En efecto, según cifras de la Fiscalía, los delitos contra los mecanismos de participación democrática son sólo el 1.7% de los efectivamente sancionados; y entre estos la gran mayoría (63%) son por voto fraudulento, mientras casos como el citado anteriormente en el Tolima (compra de voto llamado Corrupción de sufragante), son de los que más comenta la gente, pero representan sólo el 16% de los delitos sancionados del 1.7 citado. No por nada Colombia es de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional.
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