En el presente año se cumplen 30 años de la aprobación del Acto Legislativo de 1.986, por medio del cual se aprobó la elección popular de alcaldes, decisión que afianzó el proceso descentralizador en que se había embarcado el país.
Los propósitos de este proceso tuvieron una amplia aceptación y se entendió como un necesario paso hacia la democracia local y el reconocimiento de que fuerzas políticas alternas a las que en la política nacional aparecían como hegemónicas tuvieran expresión en la vida política colombiana.
Así mismo se argumentó en la necesidad de la cercanía entre el elector local y su gobernante en la identificación y ejecución de obras sociales y de infraestructura que resolvieran los problemas de cada localidad.
Así mismo, se consideró que la democracia local y la capacidad de control social y político, reduciría las manifestaciones de corrupción e ineficiencia de las administraciones municipales.
Es decir, la elección popular de alcaldes debería abrir más y mejores oportunidades para el desarrollo económico, social, político y ético en la acción pública y apareció como parte de los cambios políticos que se gestaron en las negociaciones de Paz que condujeron al aparecimiento de la Unión Patriótica.
El balance que se puede empezar hacer muestra importantes avances que deben ser protegidos, al lado de expresiones indeseables de problemas antiguos y nuevos. Desde el punto de vista político, es indiscutible que la elección de mandatarios locales permitió el surgimiento de nuevos liderazgos con oportunidades para que sectores sociales o políticos, tradicionalmente excluidos, se hagan visibles y sean alternativas de poder, al punto que en buena parte de las capitales de los diferentes departamentos, hoy en día, son gobernadas por expresiones diferentes a los partidos tradicionales, v.g. Cali, Bucaramanga, Ibagué entre otras.
Otra manifestación es que la elección local se ha arraigado como un importante derecho ciudadano, que se expresa en una masiva y constante participación, en muchos casos superior a la participación en las elecciones de Cámara y Senado.
Si se revisa las acciones administrativas se debe señalar la acción continuada que los mandatarios locales han realizado en la provisión de bienes públicos, en particular en servicios públicos e infraestructura vial. El incremento en cobertura y calidad de los servicios públicos básicos ha sido una acción de los gobiernos y las comunidades locales, pese a que aún existes casos aberrantes de ineficiencia y despilfarro como lo sucedido en la Guajira, en Arauca y recientemente en nuestra ciudad, se puede señalar que la transferencia al poder local de esta función ha permitido que las coberturas de acueducto sean de más del 95% en todo el país y que las de alcantarillado lleguen a más del 85%, cuando al inicio de éste proceso el primero no llegaba al 50% y el segundo era del orden del 35%.
Situación similar se presenta en infraestructura vial y hoy se puede señalar que como efecto del fortalecimiento del poder local, se tienen ciudades y municipios con más y mejor infraestructura, que asignan recursos crecientes para su optimización y se ha generado una red de asentamientos humanos donde cada vez más se cierran las brechas entre la modernidad y el atraso en la estructura vial de los cascos urbanos y de la red primaria y secundaria, aunque no se ha hecho lo suficiente para las vías terciarias, que corresponden a las vías rurales.
La descentralización y la elección de alcaldes ha jugado un importante papel en la defensa de los recursos ambientales y hoy es un espacio de amplia controversia entre las pretensiones del gran capital transnacional y las aspiraciones de las comunidades locales de tener un ambiente sano y sostenible.
Pero al lado de positivo balance hay la expresión de graves problemas que han sido generados o potenciados por la descentralización. En primer lugar, la corrupción política y administrativa, particularmente en los últimos 12 años, ha llegado a niveles inusitados, al punto que las coimas, los pagos indebidos a los funcionarios públicos y el tráfico de intereses ilegales e ilegítimos en las entidades públicas locales, se hace de manera cotidiana y como si fuera parte consustancial del gobierno local. Solo veamos las acciones continuadas de un abogado de marras en nuestra ciudad, como botón de muestra de tal comportamiento.
Pero no es lo único. La captura de poderes facticos de tipo mafioso e ilegal, llámese bandas criminales, guerrilla, paramilitares, minería ilegal o contrabando, en los territorios locales es un reto monumental no solo del proceso de democracia local, sino también del propio Estado Colombiano. El silencio cómplice en algunos casos y en otros la participación activa de autoridades locales en estas expresiones, son de suma gravedad y refleja el renacer de una atomización del poder estatal, que se esconde en el discurso descentralista, pero que en realidad son expresiones profundamente peligrosas que se apoyan en el control ilegal de las sociedades locales para proteger la explotación, el delito o la captación de rentas ilegales.
La responsabilidad de los partidos políticos en los fallos de descentralización es inmensa. Cuando se implantó hace 30 años, se conocían las prácticas clientelistas y corruptas que éstos realizaban, pero se confió que ante un nuevo escenario y con la irrupción de nuevos actores locales, estos comportamientos irían a ser reemplazados por una mayor capacidad de concertación, el establecimiento de proyectos locales de desarrollo y en definitiva, entender que el desarrollo requiere “acuerdos sobre lo fundamental” o dicho de otra manera, propósitos locales de construcción de territorio y que los partidos eran suficientemente responsables para promoverlos a través de los programas de gobierno.
Pero estos propósitos de partidos serios, comprometidos con la sociedad, no se cumplió y por el contrario, lo que se generalizaron fueron las malas prácticas de gobierno que impregnaron todo el espectro político, al punto que hoy, los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas que han aparecido en razón de descentralización, tienen en su interior estos comportamientos que corrompen y lesionan la democracia, creyendo que al ganar unas elecciones se obtiene una patente de corzo para atropellar, corromper o excluir, considerando que se gobierna con los amigos y para los amigos y no para la sociedad en su conjunto, con sus muy diversos intereses legítimos. Es decir, parte substancial de los problemas que presenta la descentralización encuentran su origen en esas prácticas de los partidos políticos.
Por último, a la descentralización le sigue haciendo falta sociedad civil y organizaciones sociales que la defienda y la hagan funcionar. Las expresiones de ellas, son incipientes y las llamadas formas de participación social o son burladas por las administraciones locales o terminan agenciando oscuros intereses que se camuflan en reivindicaciones justas de grupos sociales, para chantajear y obtener beneficios ilegales o exorbitantes, que son pagados por la sociedad en su conjunto, pero en muy pocos casos son expresiones reales y representativas de las comunidades. La apatía por la participación se revierte en la debilidad de la sociedad civil y ello es el caldo de cultivo de cultivo de expresiones antidemocráticas o mafiosas en la vida local.
Estos son algunos de los puntos que debiéramos observar al evaluar estos 30 años de la elección popular de alcalde: un balance claro oscuro de un proceso necesario para construir una nación en paz.
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