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Esa imagen es una prueba de los pocos escrúpulos que tiene el ejército de contratistas, dedicado a defender la gestión de la actual Administración Municipal. Tal vez, su privilegio de recibir un sueldo del erario les nubla la empatía, y no les deja ver que lo afortunados que son de poder comer tres veces al día. Mientras tanto, miles de ibaguereños, como esos niños, a duras penas pueden acceder a un plato de comida al día, que reciben a cambio de ser fotografiados. ¿No les parece eso mezquino?
Claro, estos contratistas y seguidores de Hurtado tienen el derecho de defender la gestión de quien les da trabajo, pero hay maneras más dignas de hacerlas. Por ejemplo, explicándole a la ciudadanía dónde fueron a parar los $3.018 millones trasladados desde el rubro destinado al apoyo nutricional de la infancia durante la vigencia 2020, y en el cual solo se terminaron ejecutando $76 millones, según datos entregados por la Secretaría de Hacienda.
O también dando razón de porqué en lo que llevamos de 2021, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad aún no empieza e Ibagué aparece entre las 76 entidades en toda Colombia a las que la Procuraduría General y la Contraloría General le llamaron la atención la semana pasada. Aunque, definitivamente ese no es el estilo del barretismo. Prefieren mercadear con la necesidad y el hambre de la gente, para luego cobrar ese plato de comida en votos. No es casual que la representante a la Cámara, Adriana Magali Matíz acompañe al alcalde Hurtado a muchos de sus actos públicos.
Se les olvida a aquellos insensibles que esos recursos, con los que hacen la campaña Andrés sí cumple, son públicos. No es un favor que le están haciendo a esos “pobres” niños de alimentarlos. Es un deber del Estado y si alguien quisiera “cobrar el favor” (si es que acaso cabe esa expresión) sería la misma ciudadanía. Un funcionario público no hace favores, está para servirle a la gente, para devolverle con trabajo e inversión social los impuestos que ellos pagan.
Aunque tal parece que para la administración Ibagué Vibra, la inversión social no es una de sus prioridades. De acuerdo con las mismas cifras de la Secretaría de Hacienda, mientras que la inversión total en el año 2019 fue de $19 mil millones, en 2020 tan sólo llegó a los $14 mil millones. Es decir, se desfinanciaron los programas sociales, entre ellos el apoyo nutricional tan vital e importante durante esta época de pandemia. Tal vez por eso, es que los ciudadanos no están contentos con la gestión de Hurtado. Piénsenlo.
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