Existe, veladamente, una contrarreforma al contrato social de 1991 que le apuesta al olvido del costo social que tuvo que pagar la nación para avanzar como sociedad democrática.  

La actuación de los legisladores conciliadores de los textos es realmente nefasta y deja mucho que desear sobre su compromiso ético. Se botó por la borda 10 meses de trabajo parlamentario y un gran anhelo de una reforma necesaria para la Justicia colombiana.

Con sus actuaciones, los congresistas estuvieron a punto de abrir la puerta de pandora de un gran desorden institucional y judicial en nuestro país. Podríamos advertir que lo que allí hubo no fue ni más ni menos que un intento de golpe de estado a la justicia.

Como ciudadano siento vergüenza ajena al ver a algunos padres de la patria legislando en bien propio, y al igual que la mayoría de los colombianos no comparto la forma como se llevó a cabo el procedimiento de conciliación.

Al conocer el listado de los congresistas conciliadores siento desconsuelo al ver allí los nombres de Juan Manuel Corzo y Eduardo Enríquez Maya, senadores del partido Conservador, y del representante tolimense Carlos Edward Osorio.

Del presidente del senado no me extraña, al fin y al cabo es el mismo del escándalo de los vehículos del Congreso. Con relación a Carlos Edward siento tristeza, Osorio está llamado a liderar procesos de cambio político en el departamento y el país, esperemos que le ofrezca al Tolima su versión y que con ella sus seguidores puedan quedar tranquilos.

De otro lado, el presidente Juan Manuel Santos demostró una vez más su compromiso para con el país y su sintonía con el pueblo colombiano. Me parece oportuno resaltar su responsabilidad para con la buena salud de la justicia y el compromiso contra la corrupción al objetar el texto final del acto legislativo.

Con relación a la renuncia del ministro Juan Carlos Esguerra, era lo mínimo que se podía esperar del funcionario, luego de la desautorización del presidente Santos y de la negligencia por él reconocida al no leer el texto final de conciliación. No le quedaba más que asumir su responsabilidad política y renunciar.  

Por ahora, y mientras conocemos cuál será el procedimiento que se adoptará para frenar este adefesio, los colombianos debemos estar atentos, de ser necesario, para usar las herramientas de participación ciudadana que la constitución política de Colombia le ofrece al pueblo colombiano, si se requiere tendremos que trabajar por un referendo revocatorio para evitar el golpe de estado a la justicia de nuestro país. Tampoco sobra que la Procuraduría esté pendiente.
    
Finalmente un dato, mientras se aprobaba este esperpento de acto legislativo, los congresistas dejaban hundir el proyecto de ley que disminuía el precio de la gasolina.