Como lo había advertido la Canciller María Ángela Holguín el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue de carácter salomónico pues repartió las áreas en disputa entre las dos naciones. A Colombia le reafirmó la soberanía sobre los islotes y cayos y a Nicaragua las áreas marinas al norte y sur de esos terrenos e inclusive ubicó como enclaves en aguas nicaragüenses Quitasueño y Serrana.
En ese momento llovieron rayos y centellas sobre la ministra de Relaciones Exteriores, cuando lo único que hacía era recordar la fórmula usada consuetudinariamente por la CIT.
Por cierto, el fallo de La Haya es la culminación de un proceso iniciado en el 2001 cuando Nicaragua denunció el tratado Esguerra - Bárcenas de 1928 en el que Colombia le otorgó a Nicaragua la soberanía sobre toda la costa Mosquitia, es decir la costa nicaragüense sobre el Caribe y, por su parte,
Nicaragua concedió a Colombia todo el territorio insular que incluyó a San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todos los islotes y cayos que conforman el archipiélago.
Muchos internacionalistas como el exgobernador del Tolima Alberto Lozano Simonelli y cancilleres como Augusto Ramírez Ocampo y Carlos Lemos Simmonds señalaron que era necesario - dado el carácter belicoso y conflictivo del régimen nicaragüense que ya se había traducido en numerosas confrontaciones con otros países vecinos- replicar con contundencia y recurrir a fórmulas jurídicas como el uti possidetis iuri y a las cédulas reales que tan temprano como 1803 le otorgaban al Nuevo Reino de Granada la posesión y soberanía sobre la Costa Mosquitia, habida cuenta de que el gobierno de Managua consideraba como espurio el Tratado Esguerra- Bárcenas.
Ya no hay marcha atrás y no queda camino distinto a aceptar la decisión de La Haya y negociar con Nicaragua el ecceso de los colombianos a los enclaves que resultaron en aguas del país centroamericano.
Por cierto, y aunque la pérdida de áreas marítimas es enorme, poco se ha dicho sobre lo ocurrido con el espacio aéreo.
Resulta, eso sí, absurdo que se vaya a djudicar la responsabilidad por lo ocurrido al actual gobierno o a la Canciller cuando hubo tres gobiernos e igual número de presidentes involucrados: Pastrana, Uribe (ocho años) y Santos.
Lo que debe hacerse es rodear al gobierno, voltear los ojos al archipiélago y tratar de morigerar el enorme impacto que para los isleños ha de significar el histórico fallo. Que sirva de experiencia (que ya debería tenerse) para impedir futuras y adicionales contracciones del territorio.
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