La mala suerte parece perseguir la construcción del puente de la carrera Quinta con calle 60. Esta fue anunciada como una de las obras bandera del exalcalde Andrés Hurtado, pero desde el comienzo las cosas no marcharon como debieran y hoy se encuentra en un atolladero.
Para hallar una salida, la alcaldesa Johana Aranda dijo que contará con el acompañamiento de los organismos de control que la orientarán para tomar la mejor decisión, aunque, aclaró, existe la plena intención de seguir adelante con la obra y culminarla.
Las anomalías iniciaron desde la misma selección del contratista. En mayo del año pasado la Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de funcionarios de la Alcaldía, porque, al parecer, el comité evaluador desconoció las reglas establecidas en los pliegos de condiciones del proceso para escoger al contratista.
Este año el ente disciplinario abrió una nueva indagación por “presuntos actos de corrupción”. De acuerdo con la Procuraduría, un medio digital denunció que uno de los integrantes del consorcio “Conexión vial calle 60” estaría impedido para contratar con el Estado por estar inhabilitado por cinco años desde enero de 2023. El medio también denunció el posible conflicto de interés, debido a que el representante legal del consorcio seleccionado sería primo del gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía, Carlos José Corral.
Existe igual preocupación por otras irregularidades como que se desconoce el impacto de la obra en el comercio y las viviendas del sector; por las modificaciones que se hicieron a los diseños, durante las etapas preparatoria y contractual, y por la posible omisión de la Alcaldía al no solicitar autorización de la Junta Administradora Local.
La semana pasada, la Procuraduría hizo un llamado urgente a la alcaldesa y a la secretaria de Infraestructura, Gina Paola Reinoso, para que respondan inquietudes sobre las inconsistencias que se presentan en el contrato de la fase 1 del puente de la 60.
En los informes de interventoría de octubre, noviembre y diciembre de 2023 se indica: “La interventoría ha solicitado a la entidad adelantar proceso sancionatorio por incumplimientos reiterados a las obligaciones por parte del contratista Consorcio Puente Carrera 5″. Los incumplimientos están relacionados con el avance en la ejecución de la obra, el manejo del anticipo, el pago de las obligaciones de seguridad social, salud en el trabajo y prestaciones salariales de los trabajadores, así como en la mora de los pagos de los salarios y en la entrega de la información requerida.
Por tales razones, la Procuraduría indaga en la Alcaldía si se han adoptado medidas para garantizar el cumplimiento del contrato, si se han aplicado multas y sanciones, y si se ha reclamado a las aseguradoras por el cumplimento, buen manejo y correcta inversión del anticipo por cerca de tres mil millones de pesos.
Entre algunos concejales y la comunidad afectada por la obra hay inquietud, pues pasan los días y no se conoce una decisión sobre este proyecto que se planteó como crucial para el desarrollo de la ciudad y que se encuentra paralizado desde el año pasado. Esperamos que la decisión que se tome sea la más beneficiosa para los ibaguereños.
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