En el país, en los últimos años, ha hecho carrera una perniciosa tendencia de desconocer los fallos judiciales y las determinaciones de los organismos de control, así como de poner en duda la idoneidad y probidad de los altos tribunales.
Lo anterior no quiere decir que sea ilícito utilizar los instrumentos que proveen la Constitución, los códigos, los tratados y las normas para controvertir los fallos o solicitar aclaración o explicación sobre los mismos.
Lo más dañino del asunto y que contribuye a la consolidación de un peligroso estado de anomia consiste en el hecho de que tan proclives comportamientos se originen en cabeza y con el protagonismo de quienes han sido elegidos por el voto popular, ocupan u ocupaban las más altas posiciones del Estado; juraron, al momento de su posesión, respetar y defender la Constitución y las leyes y son un referente de comportamiento para miles de sus conciudadanos.
El país ha visto con desazón como el expresidente Uribe, desde cuando ejercía la primera magistratura, se empeñó en un enfrentamiento con las altas cortes y los magistrados que llegó hasta la diatriba pública cuando magistrados y Corte, como era su obligación, iniciaron procesos contra funcionarios y congresistas afectos al Jefe del Estado. Cómo se le torció el cuello a la Constitución y cómo el Presidente instaba a los encausados a votar antes de que la ley golpeara a sus puertas. No hay que olvidar, también, turbios asuntos, aún sin dilucidar, como el de las interceptaciones telefónicas y los seguimientos ilegales, el cohecho cometido para favorecer la reelección y los escándalos de Agro Ingreso Seguro.
La historia se repite y es el mismo Uribe (quien en su gobierno y abrazado con Ortega y Chávez se había comprometido a respetar los dictámenes de La Haya) el que pide públicamente desconocer los fallos de la Corte Internacional de Justicia y participa en las marchas de los que así reclaman.
De la misma manera y desde el otro extremo del panorama político el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, megáfono en mano, se opone a una visita de supervisión al Acueducto bogotano, ordenada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
No es de extrañar, entonces, que en la población de Guaduas se produzca una asonada con lesiones a la fiscal y daños a la casa del personero de ese municipio por cuenta de una medida de aseguramiento proferida contra la alcaldesa Doris Acevedo por incumplimiento de requisitos e interés indebido en la celebración de contratos durante la gestión de Acevedo en ese municipio cundinamarqués. Ni tampoco los ataques a la policía en Ibagué por parte de un sector de la comunidad cuando intenta capturar a antisociales sorprendidos en flagrancia.
Tan reprobables conductas son la semilla de la anarquía, el colapso de las instituciones y el desconocimiento del contrato social.
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