Tras un mes de paro nacional, las cosas están peor que al comienzo. La conmemoración de los primeros 30 días de protestas dejó al menos cuatro personas muertas en Cali y decenas de heridos en el resto del país; saqueos de negocios, daños en bienes públicos, incendios y multimillonarias pérdidas. Toda una tragedia. Las marchas comienzan con actividades culturales, cánticos, bailes, pero en las noches, algunos lugares claves de las ciudades se transforman en escenarios de pedreas, disturbios, confrontaciones, pillaje y agresiones.
La violencia de los choques aumenta con el pasar de los días, al punto de que el presidente Iván Duque anunció la intervención del Ejército en ocho departamentos para tratar de contener las protestas que cada vez se tornan más difíciles de controlar.
Los alcaldes y gobernadores se encuentran maniatados porque los jóvenes saben que con ellos no pueden conseguir que sus peticiones sean atendidas; no quieren más paños de agua tibia; exigen soluciones de fondo que ni siquiera el Gobierno Nacional está en capacidad de resolver. La exclusión, la miseria y el abandono estatal de millones de colombianos son motivo suficiente para entender el estallido social, pero no justifican las acciones violentas que en algunos casos son demenciales, desproporcionadas y sin sentido, como el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, en el que seguramente manos criminales con intenciones ocultas lograron canalizar la ira popular para conseguir sus oscuros propósitos.
La actitud del Comité del Paro no contribuye en la búsqueda de una salida pacífica: no reconocen los desmanes que ocasionan algunos sectores de los manifestantes y no envían mensajes contundentes para que cesen los disturbios, los bloqueos, los desórdenes y el vandalismo.
La polarización que se engendró en la vida social está más viva que nunca y se alimenta de las falsas noticias que se propagan de manera incontrolada por las redes sociales, los medios de información predilectos de los jóvenes.
Para completar el desolador panorama, los continuos bandazos del Gobierno emiten señales confusas que llevan a pensar que no tenemos un líder que pueda responder a la altura de las circunstancias; un día se sienta a negociar con el Comité del Paro, llegan a unos acuerdos y luego dilata la firma del documento; designa a su comisionado de paz para pactar con los manifestantes en Buenaventura y luego lo desautoriza; la reunión de la canciller Marta Lucía Ramírez con la CIDH estuvo plagada de contradicciones. Y los congresistas parecen desconectados de la realidad nacional.
En semejante caos urgen soluciones expeditas, antes de que la situación se convierta en la verdadera guerra civil que tanto desean los violentos.
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