Se encuentra en estudio por parte del Congreso el proyecto de reforma al Código Único Disciplinario, que fue presentado por la procuradora Margarita Cabello, con el respaldo del Gobierno nacional. Supuestamente, la reforma intenta dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En esencia, la Cidh consideró que la Procuraduría no puede destituir a funcionarios que ocupan cargos de elección popular y, en consecuencia, señaló la necesidad de entregar garantías a los investigados.
La reforma presentada por la Procuraduría, propone, entre otras cosas, la doble instancia en los procesos, el aumento de la planta de personal y la entrega de poderes de policía judicial a la Procuraduría. Un grupo de senadores y representantes ya presentó ponencia negativa al proyecto, con suficientes argumentos para rechazarlo, como que incumple la sentencia de la Cidh, porque las sanciones de una autoridad administrativa disciplinaria (como la Procuraduría) son una restricción a los derechos contemplados Convención Americana de Derechos Humanos, que fue suscrita por Colombia, al otorgarle las facultades que tienen los jueces penales para restringir los derechos políticos de los ciudadanos por medio de una sentencia. La finalidad de esta limitación a la autoridad administrativa es que los gobiernos de turno no puedan vulnerar los derechos políticos de sus opositores. Es decir que al entregarle estas facultades a la Procuraduría se corre el riesgo de que estas se conviertan en un instrumento para perseguir a los gobernadores y alcaldes que no sean afines al Gobierno central. Así mismo, la consideran inconveniente, pues, de ser aprobada, se le conceden al presidente facultades extraordinarias para crear esta nueva planta de personal con un mayor gasto del presupuesto, que no se compadece con la precaria situación de las finanzas del país.
Desde otros sectores también han llovido críticas, como la del exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, para quien un aumento de la planta de personal de la Procuraduría no mejorará la lucha contra la corrupción, pues la experiencia de los últimos años así lo evidencia. De igual forma, un representante a la Cámara del partido de gobierno dijo que no le parecía bien que en estos momentos la prioridad del Gobierno sea aumentar la burocracia y que, con los poderes propuestos, la Procuraduría sería “una especie de Gestapo”.
Si bien el Gobierno puede contar con las mayorías para la aprobación del proyecto, seguramente encontrará una fuerte resistencia y, por el bien de la democracia, esperamos que no sea aprobado.
Comentarios