El Centro Regional de Atención a las Víctimas (Cravic) de Ibagué se promocionó como un lugar que centralizaría la oferta de servicios para más de 70.000 víctimas que residen en el Tolima, con el fin de facilitarles los trámites que adelantan ante diferentes instancias.
El proyecto para su construcción comenzó en 2018, y concluyó en diciembre pasado con la liquidación del convenio que le dio vida y con los cimientos de una edificación que deben ser demolidos por su deficiente calidad.
Esta semana el alcalde Andrés Hurtado confirmó que el convenio celebrado entre la Alcaldía y la Unidad de Víctimas fue liquidado en diciembre, a instancias del Gobierno Nacional, que, además, solicitó que se presente un nuevo proyecto.
Es decir, que las víctimas perdieron más cuatro años y ahora tendrán que esperar otro largo proceso de estudios, diseños, licitaciones y contratación, y rogar porque los recursos que se asignen sean suficientes para concretar la obra.
El valor del centro se fijó, en 2018, en 2.906 millones de pesos, de los cuales la Unidad de Víctimas aportaría 1.791 millones y la Alcaldía, 1.115 millones. El proyecto arrancó mal; no contaba con los permisos necesarios; así mismo, hubo inconvenientes con la titularidad del predio y las licencias de aprovechamiento forestal. En 2017, el entonces curador urbano Greisman Cifuentes otorgó la licencia de construcción, que después no fue renovada porque “descubrieron” que el predio figuraba como zona verde en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Para rematar la cadena de desaciertos, el contratista no respetó los tiempos acordados (la obra no pasó del 24 % de ejecución), por lo cual se le sancionó con una multa de 230 millones de pesos. Pero eso no fue todo, un estudio que se dio a conocer en julio del año pasado señala que es preciso demoler lo que se había construido, pues el concreto empleado no cumple la norma de sismorresistencia.
Las víctimas, que han sido atropelladas por los actores violentos del conflicto y ahora por el Estado, no merecen esta suerte. Ante tanta improvisación, incompetencia, descuido y despilfarro de recursos públicos sería bueno que los organismos de control intervengan para investigar y sancionar a los responsables e inicien las acciones de repetición correspondientes que permitan la recuperación de, por lo menos, una parte del dinero que se perdió.
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