Según el ente de control en 2014 la Administración local arrendó el bien a la Fundación Industrial Pecuaria de Mariquita, proceso en el que al parecer se “obvió llevar a cabo un contrato de concesión, escogiendo el contratista mediante el proceso legal establecido para la licitación pública, y, en cambio aplicó el procedimiento para la contratación directa”, se explica en el proceso.

En este caso también se vinculó a la exsecretaria General Administrativa Leidi Diana Rubio Aguirre, quien en la época de los hechos celebró el contrato de arrendamiento de la planta de beneficio animal con la Fundación. La exfuncionaria también fue inhabilitada por 15 años.

A pesar de los argumentos de los involucrados, el Ministerio Público consideró que en este caso se habría evidenciado que el “negocio jurídico se celebró sin contar con los estudios previos, los cuales fueron adelantados por la disciplinada con posterioridad a la celebración del contrato, y que el municipio no recibió el canon de arrendamiento pactado”.

En la decisión de primera instancia la Procuraduría calificó las faltas como gravísimas a título de culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. De este caso se remitieron copias a la Fiscalía General de la Nación.