De la acción jurídica interpuesta por cerca de 20 personas se conoció que fue admitida por un Juzgado de Ibagué, por lo que el Municipio ya fue notificado.

Sobre este hecho, Espinosa explicó que el Municipio tiene un ‘hueco’ fiscal y que además “no dejaron todas la cuentas con respaldo bancario para poder nosotros llegar a cancelar. El déficit en este momento es de $333 millones”.

El burgomaestre explicó que buscará las salidas financieras para cancelar la deuda, “necesitamos de parte de ellos un compás de espera, teniendo en cuenta que no es fácil que un municipio pequeño como estos, saque de un día para otro $333 millones para cancelar”.

Para el mandatario es indiscutible que esta obligación afectará de manera directa las finanzas de su población.

Otro pendiente que quedó fueron los sueldos, las cesantías y vacaciones del personal de planta, asimismo, giros al Concejo y a la Personería, cuentas que superaron los $120 millones y que según Espinosa, ya fueron girados.

Agregó que no entiende por qué los afectados no le cobraron al anterior mandatario y que fue hasta el 24 de enero que el área de contabilidad le entregó las cuentas a pagar.

“Llevamos un mes de mandato y nos reciben con una tutela, me parece algo de cierta manera drástico, cuando ni siquiera agotaron la vía gubernativa que es el derecho de petición.

“Ellos tienen todos sus derechos y nadie se los está desconociendo”.

Ante el panorama, la salida que tendría la Administración local es acudir a un crédito para cancelarle a las personas que fueron contratadas por Órdenes de Prestación de Servicios, OPS.

Aunque se está pendiente de la decisión del juez que lleva el caso, Espinosa concluyó que independientemente del resultado, va a cancelar.