La simple separación de bienes es aquella que se hace sin divorcio, mediante sentencia judicial o, de común acuerdo, ante notario.

Cualquiera de los cónyuges o pareja de casados, puede demandar, en caso de desacuerdo, ante un juez que se decrete la separación de bienes demostrando la existencia de una o varias de las causales consagradas en el Código Civil.

Esto significa que no cualquier argumento es suficiente para solicitar la separación de bienes, sino que, en todo caso, el demandante debe exponer cualquiera de las causales consagradas en la ley.

Otra causal que puede invocar el demandante para solicitar la separación de bienes es el mutuo consentimiento, es decir, que ambos cónyuges están de acuerdo en dicha separación y que, por lo tanto, ninguna se opone a ello.
En este caso los casados pueden acudir ante un juez o ante un notario, a su elección.

Es importante tener en cuenta que la separación de bienes no pone fin al matrimonio, pues esta institución tiene efectos puramente patrimoniales, esto es, respecto de los bienes que los casados hubieren adquirido dentro del matrimonio, en defensa de los derechos que sobre ellos tienen, por ley, cada uno de los cónyuges.

Aceptada por el juez la demanda de separación de bienes, cuando por desacuerdo se hubiere optado por acudir a la justicia ordinaria, la ley, como medida de seguridad, autoriza el decreto del embargo y el secuestro de los bienes que integran la sociedad conyugal, lo cual impide que el demandado disponga arbitrariamente de los bienes en perjuicio de los intereses del cónyuge demandante.

Liquidada la sociedad conyugal, los bienes que la integran se reparten por partes iguales entre los cónyuges, y a partir de entonces, cada cual es dueño único de los bienes que en adelante adquiera.