El Concejo municipal aprobó ayer en segundo debate, el acuerdo número 042 de 2012, por el cual se autoriza el cambio de uso de suelo a unos predios rurales en el Municipio y se dictan otras disposiciones, entre las que se incluye la construcción del centro de resocialización para menores infractores en el sector de La Palmilla (en El Salado). 

Durante la votación de este acuerdo, se expuso una vez más por parte de concejales como Camilo Delgado y Carlos Andrés Portela, las ambigüedades jurídicas del mismo, como también y con la presencia de la comunidad de la comuna Siete y el corregimiento 13 se mantuvo el rechazo rotundo al acuerdo. 

No obstante, durante la última sesión de las extras del concejo que se efectuó en la mañana de ayer, se decidió por parte de los cabildantes, con una votación de 10 contra siete, votar a favor del acuerdo, lo que generó una serie de reacciones entre los presentes. 

Para el secretario de Planeación, Juan Gabriel Triana, el proyecto que fue aprobado, cumple con todos los argumentos jurídicos y técnicos para su ejecución. 

“Vamos a socializarlo con la comunidad que se ha sentido perjudicada y se les garantizará todo el apoyo para que en el tema de seguridad, turismo y servicios públicos y vías puedan llegar de manera oportuna”. 

“En este orden de ideas, se espera iniciar con la construcción del Centro de Atención Especializada, CAE. 

“Una vez el proyecto sea sancionado por el Alcalde, se procederá a efectuar el traslado de la ‘correccional’ Luis A. Rengifo que se encuentra en el barrio Claret”, indicó Triana. 

Destacó que es una buena noticia para la comuna 10 y que el proyecto es diferente de lo que se quiso presentar en un principio, que era una cárcel.

Esto teniendo en cuenta que estará encaminado al trabajo con jóvenes en áreas como la silvicultura, el trabajo forestal, la recreación y por supuesto su rehabilitación.

La lucha sigue en pie

Renzo William Cerón Quintero, líder de la comuna Siete, expresó que la comunidad demandará el acuerdo, así como lo hizo El Claret. 

De igual forma, expresó que si la situación conlleva a solicitar la revocatoria del alcalde Luis H. Rodríguez, lo harán. 

“Él fue el culpable de que se presentara este acuerdo, y nos sentimos traicionados por él y por los concejales Emiro Murillo, que viviendo en Praderas del Norte de la comuna Siete, votó a favor del acuerdo, cuando en la bancada había votado como negativo. 

“El concejal Yamel Rincón también nos traicionó”, expresó Cerón. 

De igual forma, Mario Eduardo Rico, presidente de Asojuntas, señaló que estaban preparados para cualquier decisión que tomara el Concejo. 

Sin embargo, “nos tomó por sorpresa que concejales que habían dado su palabra de apoyarnos no lo hayan hecho”. 

Mencionó el caso particular de la concejal Diana Jaidy Castro, que es representante de Zonas Rurales como San Bernardo y que estando presente en la plenaria, se haya retirado de la votación. 

Por su parte, el diputado Jairo Forero, se sintió satisfecho de que la comunidad se haya unido en este proceso. 

La votación

Los concejales que votaron a favor del proyecto fueron: Luz Nelly Arbeláez Gómez, Delna Yuri Cuadros Sierra, Carlos Adolfo Jiménez, Luis Alberto Lozano Castillo, Pedro Antonio Mora Quintero, Javier Alejandro Mora Gómez, Emiro Murillo Ospina, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza Perdomo Ramírez y Yamel Antonio Rincón Fernández.

Negativamente votaron: Jorge Bolívar, Camilo Delgado, Carlos Andrés Portela Calderón, Érika Ramos, William Rosas, Hebert Humberto Sánchez y Jairo Villanueva. 

Por su parte, Diana Jaidy Castro Roa no se hizo presente en la votación y Humberto Quintero García se declaró impedido por presunto conflicto de intereses.

Proyecto CAE – Salado

¿Cuándo comenzó?

El proyecto inició durante la administración de Rubén Darío Rodríguez, pero los diferentes líos que se dieron por la propiedad del predio empantanaron durante varios años su construcción.

Más adelante, el Comité de Cafeteros del Tolima dio por terminado el convenio y desistió de adelantar un segundo acto contractual, al no recibir una autorización del ente nacional.

Para ese entonces, el exsecretario de Gobierno, Edward Amaya, explicó que el encargado sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que manejaría la segunda fase.

En este sentido, el Icbf, el pasado 5 de marzo, para la segunda etapa, que se encuentra en proceso de licitación a través de Fonade, entidad que firmó el convenio, aprobó un presupuesto de dos mil 500 millones de pesos y para la tercera etapa, se buscará cofinanciar siete mil 940 millones de pesos.

El alcance de esta construcción de dos mil 752 metros cuadrados, edificación de un piso y con capacidad para 200 personas aproximadamente, consta de un módulo, zonas administrativas, servicios, portería, custodia, cerramiento y parqueaderos.

En respuesta a una solicitud enviada por la Junta sobre los costos del proyecto, el Icbf informó también que ya se tiene un presupuesto estimado en siete mil 940 millones de pesos, que se deben cofinanciar con la Alcaldía y la Gobernación para la culminación total, teniendo una proyección para 119 cupos más para adolescentes y cuya ejecución sería entre 2013 y 2014.

Balance de sesiones ordinarias

Se aprobó el acuerdo 043 de 2012 “por medio del cual se modifica el artículo primero del acuerdo 029 de diciembre de 2011”, el alcance de este proyecto es modificar las tarifas porcentuales conforme a los avalúos catastrales determinados mediante el acuerdo 037 de 2008, modificado por el acuerdo 029 de 2011, con el objeto de optimizar el recaudo de mayores recursos, cerca de 108 mil 475 inmuebles, que corresponde al 97.52 por ciento del catastro municipal, que no serían afectados con este proyecto. El sector rural no presenta ninguna modificación de tarifas. 

El proyecto de acuerdo 044 de 2012 “por medio del cual se modifica el acuerdo número 001 del 7 de marzo de 2011 y se dictan otras disposiciones”, busca la unificación en la redacción de la Base Gravable y de la causación de la estampilla Pro-Cultura. 

El proyecto pretende obtener un mayor recaudo y hacer más eficiente la captación de recursos tendientes al beneficio de los planes y programas propuestos por la administración municipal.De igual forma, el acuerdo número 045 de 2012 por medio del cual se modifica el acuerdo 003 del 7 de marzo de 2011 y se dictan otras disposiciones “busca mejorar los recaudos por concepto de la estampilla pro-adulto mayor.