La fiscal 19, Diana Patricia Cárdenas, adscrita a la Unidad de delitos contra la Administración pública, abrió investigación formal por las presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo 4808 suscrito entre el Igac y la Alcaldía de Ibagué en 2017.

Integrantes del CTI de la Fiscalía, llevaron a cabo ayer, labores de registro a la sede principal del Igac, ubicada en la calle 13 entre carreras Tercera y Cuarta.

Así mismo, visitaron las oficinas del instituto, ubicadas en el tercer piso del edificio Fontainebleau, y tomadas en alquiler por el Igac, para llevar a cabo la realización y acoplamiento de la información de la actualización catastral en la ciudad.

De la misma manera, con la Dirección de Contratación de la Alcaldía, con el fin de recolectar información con respecto a la ejecución del convenio.

El alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó estar de acuerdo con la acción de la Fiscalía de investigar al Igac.

“Me parece bien que la Fiscalía investigue a profundidad esta situación, y lo más pronto posible determine si esto estuvo mal hecho, si se incurrieron en errores que obliguen a hacerse un nuevo estudio y que tendrá que hacer el Igac, porque nosotros ya pagamos por eso”, reiteró el mandatario.

¿Lavada de manos?

El alcalde Jaramillo, insistió en trasladar la responsabilidad al Igac, pues es la única entidad, que convalida los estudios y hace los catastros en el país. “Son ellos los que tienen que responder ante una situación como esta y unos cuestionamientos tan graves como se están dando”, reiteró.

Pero Jaramillo, reveló que a través del secretario de Hacienda, Juan Espinosa, pidió al director del Igac, Mauricio Mora, dar claridad sobre su no intervención en la celebración y ejecución del convenio.

“Le solicitamos al Director Regional, que tienen que responder ante todos los cuestionamientos, y yo personalmente hice un cuestionamiento sobre unas cosas, que inclusive me afectan a mí, y en qué sentido, en que se puede suponer, y esa fue la solicitud que le hice directamente a través del Secretario de Hacienda, que responda, porque se han hecho cuestionamientos de alguna injerencia que yo pude tener, y resulta que no he tenido absolutamente ninguna injerencia, tengo pruebas fehacientes de no haber tenido ninguna injerencia en ese convenio, ni en la contratación de la gente, ni en la forma en cómo se hizo”, reiteró Jaramillo.

Los llamados a responder

Según el Alcalde, el convenio se encuentra en revisión por parte de la administración. Al ser cuestionado, con respecto de quiénes deberán asumir la responsabilidad por parte de la Alcaldía, Jaramillo argumentó que serán los supervisores quienes resuelvan la situación.

“El convenio no lo ha recibido y liquidado la Alcaldía, entonces, tendrá ahora con las situaciones que se están viendo, tanto el supervisor como es el doctor (Héctor) Cervera y el doctor (Juan Espinosa), con todas esas reclamaciones más las que aparezcan, en los 27 puntos que se tienen abiertos para recibir las quejas de la gente, revisar todo lo que nos haya presentado ya como producto el Igac”, precisó.

Espinosa se defiende

El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, dijo estar presto a los requerimientos de los entes de control y a las autoridades civiles.

“Me alegra que la Fiscalía haga parte de este proceso y se aclaren todas las imputaciones que se han hecho al proceso”, dijo.

Según Espinosa, “esas dudas no son una prueba jurídica y de hecho ni siquiera hay pruebas, lo que hay son una cantidad de versiones, que ni siquiera se sabe quién las dice”, enfatizó.

El funcionario resaltó que hasta que no se declare ilegal o incumplido el convenio, “por más que hayan dudas, no puede ser suspendido”.

Por otra parte, Espinosa aclaró que como supervisor del mismo, su función es la de “vigilar que los pagos se hagan conforme a la ejecución del trabajo”.

Ya en el seguimiento y cumplimiento del contrato, la labor le corresponde a la Secretaría de Planeación, que debe decretar que los avalúos estén bien determinados.

“El supervisor técnico es el doctor Héctor Cervera, secretario de Planeación, que es el que tiene el personal idóneo para revisar el cumplimiento técnico del convenio, es decir, que los avalúos estén bien determinados. La Secretaría de Planeación es la que tiene el proceso de actualización catastral dentro de sus funciones”, concluyó.

Es de resaltar que Cervera, en la sesión del pasado 9 de octubre ante el Concejo, reconoció que la función de la dependencia era la de recibir los recursos y ejecutarlos.

La responsabilidad de Zárrate y de Jaramillo

El concejal Jorge Bolívar, uno de los tres cabildantes que en octubre denunció irregularidades en la ejecución del convenio, hizo énfasis en que el exsecretario de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, debería ser vinculado a este proceso.

“Zárrate tiene una responsabilidad directa en el tema, toda vez que revisado el convenio que firmó, la Alcaldía con el Igac quien suscribió el mismo fue el exfuncionario, y en ese convenio es donde el municipio paga nueve mil millones de pesos; incluso quedó con unas inconsistencias y unos errores porque se dejó que la actualización catastral se llevara a cabo en el 2013 y el convenio se firmó en 2017, es decir, solo habría cuatro años de diferencia, cuando la norma precisa que hay que actualizarlo cada cinco años, entre otras. Pero la responsabilidad es de quien suscribe el contrato y de quien delega por parte del Alcalde, ya que el hecho de haber delegado no quiere decir que eso exima de responsabilidades a la otra parte”, sugirió el cabildante.

“El Concejo hizo su tarea”

 Por otra parte, el presidente de la corporación, William Rosas, espera que la Fiscalía dé prontos resultados ante la denuncia elevada por la corporación y él mismo en octubre de 2017.

“Se había tardado (la Fiscalía) en realizar la tarea en solicitud del concejo y hoy la lleva a cabo en virtud a una veeduría que se hace a una noticia publicada por El Tiempo, el 19 de octubre que es el debate de control político hecho. En conclusión, quiere decir que el concejo hizo su tarea y está a la espera de las investigaciones de ese ente de control”, concluyó Rosas.