El demandante, Jorge Rada Ortiz, contó que recurrió a esta alternativa jurídica porque el juez Morales no ha dado cumplimento a un fallo que salió a su favor por el Juzgado Civil de Lérida el 25 de noviembre de 2015.

El caso surgió por un conflicto vecinal en 2007, año en que Rada Ortiz denunció a su vecino, porque estaba ejecutando un relleno de tierra sobre uno de los muros de su casa, lo que fue ocasionando, con el tiempo, humedad por lluvias, al igual que riesgo de un posible derrumbe.

Sin embargo, a pesar de que se presentaron las pruebas y el informe de un perito designado por el Juzgado, el caso fue resuelto en su contra.

Pero al acudir a una segunda instancia, el Juzgado de Lérida, en noviembre de 2015, revisó nuevamente y falló “revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ambalema en septiembre de 2015 y ordenar que el demandado retire, en término de 15 días a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la tierra que tiene apostada en la pared del inmueble cuya posesión ostenta el demandante (...)”, detalla el fallo.

No obstante, nueve meses después esta orden no se ha ejecutado.

Por ello, busca que lo “investiguen, porque deja mucho que desear su comportamiento como juez de la república”, señaló Rada.

Para interponer esta denuncia, el afectado se apoya en el artículo 150 del Capítulo Séptimo del Código Penal Colombiano, que precisa que “el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en las penas previstas en el artículo 149”, se precisa en el Código.