La Secretaria de Planeación del Tolima, Olga Lucía Alfonso, confirmó que la Ocad Región Centro Sur aprobó la pavimentación de este tramo vial por un valor de $17 mil 522 millones.

Por su parte, el mandatario de Casabianca, William Cardona Orozco, indicó que esta inversión con regalías del Departamento mejorará considerablemente la calidad de vida de su población y la de Palocabildo, teniendo en cuenta que el carreteable se encuentra en pésimas condiciones, lo que dificulta el transporte de aguacate, gulupa y café, parte del motor económico de la zona.

Del mismo modo, mencionó que el municipio cuenta con cinco vías de acceso Herveo - Manizales, Villahermosa - Líbano, Fresno, Yarumal - Pavas - Frías y la principal es la que conduce a Palocabildo, por eso la importancia de que se ejecute la obra.

En cuanto a las condiciones de este tramo, “en mal estado ya sea en lluvia o sol, en esta zona mantiene lloviendo mucho y en verano se (puede) pasar por todos los huecos sin problema, en invierno se llenan de agua y se nos dificulta mucho sacar vehículos y que suban los buses de transporte público, toca campero, el tema es complicado”, comentó el burgomaestre.

Antecedente acción judicial

En mayo de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué aceptó parte de las pretensiones promovidas por un ciudadano en contra de la Nación, el Ministerio de Transporte e Invías.

Según publicación del portal web Las2 Orillas, en ese entonces se dio un año de plazo para adelantar las gestiones administrativas, interadministrativas, presupuestales y contractuales que se necesitaban, sin embargo, la orden nunca se llevó a cabo.

Armero - Guayabal continúa en revuelo tras el ‘espaldarazo’ que dieron siete concejales a un proyecto de acuerdo que modifica el uso del suelo en el municipio, razón por la cual el Comité Ambiental de esta población norteña, convocó a una ‘firmatón’ de un derecho de petición mediante el cual se le solicitará al alcalde Carlos Escobar objetar el acuerdo 012 de 2017.

Con megáfono en mano un veedor de Armero - Guayabal, le explicó a la ciudadanía que por ley “la regulación de las actividades mineras, su fomento, autorización y fiscalización corresponde a las autoridades mineras”, dando a entender que el cabildo habría caído en una error.

Con el derecho de petición, los ambientalistas y ciudadanía buscan expresar su voz de protesta en contra de una decisión que es vista como un riesgo para los recursos naturales.

Por su parte, Renzo García integrante del comité ambiental en Defensa de la Vida, acompañó el proceso que logró recolectar dos mil 300 firmas, asimismo, expresó que en estos casos “la pelea es peleando y no vamos a dejar que se impongan proyectos mineros que van afectar el derecho colectivo al ambiente sano”.

Inexequible

Sobre esta caso, la Corporación Autónoma del Tolima, informó que el acuerdo aprobado por el Concejo tiene un vicio “mayúsculo” al aprobarse “sin estudios técnicos y sin pasarlo previamente a concertación de Cortolima”, por esta razón la entidad ambiental oficiará a la Gobernación para que solicite una inexiquibilidad ante el Tribunal Administrativo.

Además de ello, compulsará copias ante la Procuraduría General de la Nación, porque presuntamente se estaría vulnerando varios principios del Código de los Recursos Naturales como el decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993.

Tras conocerse el captura de la exgerente del hospital San José de Ortega, Yamile Maritza Pérez Suárez, se supo que la Contraloría Departamental, por su lado, adelanta varios procesos sobre dicho centro hospitalario.

El contralor Edilberto Pava explicó que tras una auditoría regular a la gestión administrativa de 2016 se evidenciaron hallazgos administrativos por $311 millones y varios disciplinarios.

“Los hallazgos (se relacionan) con responsabilidad fiscal y tienen que ver con medicamentos vencidos, faltantes, no cobros de la gestión comercial a EPS como Caprecom y Saludcoop”, precisó Pava.

Otra de las indagaciones, se dio tras una auditoría exprés que se derivó de una denuncia. En dicho proceso se revisaron varios contratos en los que se detectó un posible detrimento patrimonial por el no pago de estampillas al Municipio, en este punto se estaría hablando de cerca de $200 millones.

En cuanto al caso del lote que se compró para construir el hospital nuevo y en el que se presentaron presuntas irregularidades contractuales, se conoció que la denuncia que generó la investigación habla de supuestos favorecimientos a terceros.

Aunque la Contraloría conoció el caso en su momento, procedió a remitirlo a la Procuraduría y Fiscalía, ya que los trámites contractuales no son de su competencia.

No obstante, “estamos planificando revisar los estudios y diseños de las obras que se quieren adelantar en el lote”.

Es de recordar que la investigación generó el arresto domiciliario de la exfuncionaria Pérez Suárez y de María Graciela Lozada.