La Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola, promotora de la consulta popular, representada por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, demandaron que se declare la nulidad de tres contratos de concesión minera con Anglogold Ashanti (AGA) que datan desde el 2007, y que aún siguen vigentes en el territorio de Cajamarca.

La vigencia de estos títulos mineros infringen el mandato expresado mediante la consulta popular del 26 de marzo de 2017, en el que el 97% de los cajamarcunos prohibió las actividades mineras en su territorio.

Ante el posible accionar de la empresa minera con estas tres concesiones Robinson Mejía, líder de los comités ambientales, señaló que “la información es que están vigentes, con ellos se pueden tramitar permisos ambientales, pero sabemos que un mes después de la consulta de acuerdo a lo que ha dicho Anglogold, la actividad de exploración se suspendió, es decir que no estarían ejecutándose”.

El promotor también destaca que la consulta está siendo implementada gracias a un acuerdo del Concejo municipal, que acata la decisión de la ciudadanía, por otra parte, están pendientes ajustes al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), para poder terminar de blindar la consulta.

“Pero sabemos que no ha avanzado mucho lo del EOT, porque el actual alcalde es aliado de la empresa y ha neutralizado por el momento ese ajuste”, manifestó Robinson.

En el año en que se firmaron las concesiones mineras para explorar y explotar minerales en Cajamarca, esta era una acción lícita, situación que ha dificultado la nulidad de todos los contratos, pero a partir de una nueva regla de ordenamiento jurídico, instalada por la consulta popular, estas acciones pasaron a ser ilícitas en el territorio.

A nivel regional también ha sido una victoria para los activistas que Cortolima haya emitido diferentes resoluciones; que impiden a AGA hacer cualquier tipo de exploración, a razón de que no tiene los permisos de utilización de aguas para la actividad minera.

Sobre ¿por qué la compañía seguía teniendo contratos con influencia en el territorio?, Mejía explicó: “Nosotros después de la consulta no paramos, seguimos haciendo monitoreo a esos títulos, antes eran 19 y lo que hizo la empresa fue renunciar a algunos, la Agencia Nacional de Minería aceptó, en otras la empresa se demoró más porque no quedaba a paz y salvo en impuestos (...) le seguimos la pista, e identificamos que la estrategia era renunciar a unos y concentrarse en La Colosa, integraron cinco títulos en uno, hay que recordar que querían hacer siete proyectos en esa zona”.

¿Qué sigue?

Los promotores han solicitado una medida cautelar mientras el Tribunal dicta una decisión, esto con el fin de que se suspendan los efectos de los contratos, que en dado caso de que la compañía minera llegara a intervenir con sus actividades los daños serían irreversibles; “es necesario que se acepte esta medida cautelar para salvaguardar el objetivo e interés de la acción”, acotó Mejía.

Cuando el tribunal tome la decisión de anular los contratos, que se suponen son los últimos que tiene la compañía en el territorio, las autoridades ambientales nacionales y Cortolima deberían impedir que se sigan dando permisos ambientales para la utilización de agua para la extracción minera, en especial en la Reserva Forestal Central del Tolima.

La demanda se radicó por estas fechas, según los activistas, para aprovechar la influencia de la décimo primera Marcha Carnaval, que se viene celebrando desde 2008, y que justamente nació a raíz de la amenaza ambiental que generó el megaproyecto minero La Colosa que se estaba desarrollando en Cajamarca.